Monterrey. – Ante presuntos casos de corrupción que han sido denunciado en medios nacionales, existen dos limitantes para que se puedan ejercer acciones legales en contra del gobernador: el fuero que ostenta como gobernador y los amparos que ha conseguido Samuel García con jueces amigos en otros estados del país, informaron las diputadas priistas Lorena de la Garza y Perla Villarreal.
Por lo tanto, “el trabajo de nosotros como diputados es avanzar en el proceso del juicio político del gobernador y explorar la posibilidad del desafuero. Es crucial que se tomen estas medidas para que Samuel García no siga hipotecando el futuro de Nuevo León bajo el amparo de su fuero político”, comentó de la Garza.
Las legisladoras hablaron a la prensa al referirse a las denuncias de Latinus sobre presuntas triangulaciones desde el DIF estatal hacia una empresa y luego al despacho particular del gobernador y su padre.
“Gracias a las revelaciones de medios nacionales, hoy tenemos un nuevo caso de corrupción, esta vez desde el DIF de Nuevo León. Un consorcio empresarial que ha recibido contrato por 820 millones de pesos en la administración de Samuel García. Y posteriormente, esta empresa pagó 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su papá”, explicó Lorena de la Garza.
“La reciente triangulación de recursos públicos desde el DIF hacia empresas proveedoras y de ellas hacia el despacho del gobernador Samuel García se une a otros casos que ya hemos denunciado. Esto evidencia un modus operandi en el gobierno para enriquecer al gobernador y su familia”, declaró.
Estos casos explican la bonanza económica del gobernador y su familia. Entre 2015 y 2021, los despachos jurídicos de Samuel García facturaban 632 millones de pesos. Sin embargo, de 2021 a 2024, los ingresos se han disparado a 1,781 millones de pesos. Este crecimiento desproporcionado en los ingresos de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia supera el crecimiento de empresas como las del Grupo de los Diez, y refleja un patrón sistemático de corrupción, comentó.
Pedimos a la Auditoría Superior del Estado que investigue estos contratos otorgados desde el DIF. Es urgente que se investigue cómo las empresas a las que Samuel y su gobierno otorgan contratos, después regresan para contratar los servicios de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia, dejándoles millones de pesos en ingresos, finalizó la diputada De la Garza.