Monterrey . – A casi tres años del conflicto y enfrentamiento que sostienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Colegio de Mediadores ve la necesidad de encontrar un objeto de equilibrio y solucionar las controversias, por lo que está dispuesto a mediar si las partes le piden interceder.

Así lo señala en entrevista José Guadalupe Steele, presidente nacional de la Federación de Colegios de Mediadores, quien afirma que un conflicto largo trae un alto costo económico, enfermedades, estrés, depresión y desgaste entre otros riesgos e impactos.

Sin embargo, aclara que una intervención de los mediadores se da solamente a solicitud de una o, de las partes en conflicto, y puntualiza que todos quieren siempre un estado o un municipio en paz, con acuerdos que beneficien a la sociedad.

Steele reitera que un conflicto se resuelve siempre y cuando haya voluntad de las partes, pues, recuerda, hay casos en lo que se asume el deseo de resolver y acuden a dirigir pero no quieren solucionar.

“Los mecanismos alternativos como la conciliación es la voluntad, de que estén conscientes de su responsabilidad como servidores públicos para efectuar recíprocas concesiones y lograr acuerdos”, explica.

“Si no existe esa voluntad y prevalecen intereses oscuros y ambiguos, es difícil llegar a acuerdos conciliatorios”, abunda.

“Hay en ocasiones predisposición de llegar a acuerdo. Si quiero, pero no quiero”, advierte Steele.

El presidente nacional de los mediadores recuerda que ellos no imparten justicia, sino que solamente median ente la voluntad de las partes y son ellas las que toman las decisiones finales a firmar.

Por ello, el conflicto que se vive en Nuevo León tiene que resolverse con voluntad, de lo contrario no hay solución. “Cuando el asunto está tenso, gana la rabia, el rencor, el coraje, la arrogancia y no hay capacidad de reflexionar, entonces hay que esperar el momento adecuado para conciliar”, expresa Steele.

Samuel García Sepúlveda asumió el gobierno de Nuevo León el 4 de octubre de 2021 y meses después, los diputados le aprobaron reformas a la Constitución local, sin embargo, la cordialidad se rompió y entraron en un conflicto de ataques, agresiones verbales, presunta persecución a través del SAT estatal, y hasta el riesgo de un juicio político contra el gobernante por irregularidades diversas.

Todo inicio cuando el gobierno estatal prendió controlar organismos como la Fiscalía y hasta el Poder Judicial, pero la oposición del PRIAN en el Congreso local ha defendido su posición.