El Consejo Agropecuario Nuevo León, propuso que, con la próxima discusión en el Senado de la República de la reforma judicial, se revisen algunos puntos clave del dictamen ya aprobado y enviado por la Cámara de Diputados pues hay riesgos a los derechos y certidumbre jurídica.

“La implementación de esta reforma judicial también presenta desafíos; por ejemplo, si se aplica de manera apresurada, podría ralentizar la resolución de casos, generar vacíos en la impartición de justicia y afectar la calidad de las sentencias. Por eso, proponemos una transición gradual que permita a los nuevos jueces adaptarse al sistema y a quienes ya están en funciones, adecuar sus prácticas”, advierte el organismo que dirige como presidente Eladio González Peraza.

Al fijar postura sobre el tema, considera que, la reforma no debe centrarse exclusivamente en el Poder Judicial y su alcance debe abordar la problemática de las fiscalías, ministerios públicos, defensorías públicas, la policía y las autoridades administrativas, pues son quienes atienden de primera instancia las necesidades de la gente y con base en los elementos que presentan, los jueces y magistrados dictan las sentencias correspondientes.

Proponen una adecuada selección de jueces y magistrados que garanticen que quienes impartan justicia sean personas capacitadas y con una trayectoria intachable, capacidad técnica, experiencia profesional, ética y reputación, para que no se generen dudas sobre la legitimidad de los seleccionados y que no generen gastos excesivos al erario.

Solicitan crear un nuevo órgano disciplinario autónomo, que tenga a su cargo los procedimientos claros y transparentes para evaluar el desempeño de los jueces, conformado por personas con experiencia técnica, una fuerte calidad moral y total independencia. De esta forma, se evitará que las decisiones de este órgano generen presiones indebidas sobre el actuar de los jueces.

“También creemos que la permanencia de los jueces debe depender únicamente de su desempeño, bajo criterios claros, objetivos y transparentes. Esa evaluación debería estar a cargo del nuevo órgano de administración de justicia, y no del órgano disciplinario, para no mezclar las evaluaciones administrativas con las sanciones”, finaliza.