Reducir la carga administrativa que representa un obstáculo a las inversiones es fundamental para incentivar el crecimiento de las empresas, así como el desarrollo económico del estado de Nuevo León, propuso la Cámara de la Industria de la Transformación.

En la actualidad, es preocupante la cantidad de tiempo que las empresas deben invertir para completar trámites gubernamentales, llegando a emplear en promedio 76 días y en algunos procesos hasta tres años para completarlos. Además, de acuerdo con el reporte del Índice de Burocracia en América Latina del 2023, una PyME en México debe invertir hasta 652 horas en trámites de apertura, expuso.

En términos de costos, el Banco Mundial estima que cumplir con la carga regulatoria estatal en nuestro país conlleva un 1.4% del PIB sin contar aún la carga municipal y federal. Esto representa el incremento que tendrá el PIB en México este año, lo cual quiere decir que la sobrerregulación consume lo que podamos crecer como economía.

Todo esto trae como consecuencia el freno a las inversiones y proyectos, además de una menor generación de empleos.

Con el objetivo de buscar la simplificación administrativa y la digitalización total de servicios estatales, el Gobierno de Nuevo León y las Cámaras Empresariales hemos firmado un acuerdo para la implementación del Programa Burocracia Cero que busca reducir un 30% los trámites estatales, eliminando aquellos que sean redundantes o innecesarios; digitalizar servicios, asegurando accesibilidad y eficiencia para ciudadanos y empresas; y eliminar trabas normativas que impiden el desarrollo empresarial, social y económico.

Aplaudimos estas medidas ya que consideramos que la simplificación administrativa, así como la destrucción de trámites innecesarios es la ruta correcta para reducir la carga regulatoria de las empresas, y forman parte de la agenda de gobiernos que buscan genuinamente la generación de nuevos empleos y el combate a la corrupción.

Invitós a más autoridades, principalmente a las municipales; a unirse a esta dinámica de reducción de trámites que facilitará las inversiones y contribuirá al ahorro de tiempo que las PyMEs podrán destinar para producir, fortalecer las cadenas de valor y como consecuencia contribuir al crecimiento de la economía y el impulso a la movilidad social del estado de Nuevo León.