Si en 15 días no se realiza la reestructuración del transporte y no se permite que el pago sea también en efectivo, el Estado deberá requisar a las empresas a las que le otorgó el permiso de operar los camiones verdes, que son alrededor de unos mil 800.

Lo anterior lo demandaron integrantes de diversos colectivos que conforman el movimiento “Alza tu Voz Nuevo León” los que entregaron un documento al respecto en la Oficialía de Partes del Congreso local donde plasman la exigencia y su rechazo al incremento tarifario del transporte.

Al mismo tiempo, denunciaron a la prensa que algunos de los integrantes del movimiento han sido presionados para que desistan de seguir en el movimiento contra el tarifazo y responsabilizaron al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez de lo que pudiera sucederles a ellos y sus familias.

Al respecto, Zulema Villanueva, de Vecinos Vigilantes de San Nicolás, denunció que reciben presiones por manifestarse contra el alza a las tarifas, pero, advirtió, que no los van a detener y que seguirán en el movimiento hasta lograr que se dé marcha en el alza o, que se apliquen soluciones que beneficien a miles de usuarios que hoy, son impactados en su economía.

Adelantaron que, aumentarán el nivel de las protestas y que harán denuncias ante la Fiscalía General de Justicia por los actos que se realicen en su contra por el hecho de manifestarse.

Además, proponen reformas a la Ley de Movilidad, y que, dentro del Comité Técnico que establece las tarifas del transporte público, la ciudadanía tenga representación real, no de grupos políticos o sindicales, sino que provengan de una convocatoria y una elección libre y transparente.

En las reformas a la Ley buscan que también se permita el pago en efectivo y no sea exclusivamente con tarjeta pre pago o aplicación a través de un teléfono, pues actualmente se discrimina y segrega a la población usuaria.

Pedro Alejo Rodríguez, de Ciudadano Empoderado, informó que además solicitan al congreso, que, formule y resuelva de forma inmediata y sin demora una partida presupuestal para que el Poder Ejecutivo, mediante su Secretaría de Movilidad, permita la tarifa preferencial gratuita a favor de las personas de la tercera edad y de la gente con discapacidades, cualquiera que estas sean.