Monterrey. – Mientras que el gobierno de Samuel García pretende cobrar a los usuarios que utilizan camiones o transporte que algunos municipios han establecido gratuitamente para enfrentar la crisis del transporte urbano, la oposición y activistas rechazaron la pretensión y acusaron que sin sensibilidad ahora quiere el gobernador hacer negocio.
Tras aplicar en semanas anteriores aumentos a las tarifas de las rutas urbanas, la Administración del Gobernador Samuel García planea poner validadores para cobrar en los camiones que algunos municipios ofrecen sin costo a los ciudadanos ante las deficiencias del sistema de trasporte público.

La pretensión de colocar validadores para cobrar mediante tarjeta electrónica en las unidades que han aportado los municipios, se propuso en la sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, donde quiere el Estado regular ese transporte gratuito, ya que tienen pasajeros que podrían usar los servicios oficiales donde sí se cobra.
“En los últimos años los municipios han decidido prestar servicios gratuitos, ustedes saben que no hay nada gratuito en la vida”, afirmó el subdirector del Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal, Moisés López.
“Esos servicios tienen implicación para las finanzas municipales, pero también para la demanda servida por el Instituto, son pocos, para ciertos periodos del día, pero implica desviar o atraer cierta demanda que podría estar en los servicios del Instituto”, agregó el funcionario estatal.

Luego citó algunas cifras en donde afirma que los camiones que opera el instituto han dejado un déficit de más de mil 200 millones de pesos el año pasado, porque no tienen el volumen de pasajeros que tenían previsto, de ahí que las unidades gratuitas deben incorporarse al sistema camionero.
“Necesitamos ver la forma de incorporarlos al sistema, darles cierto contexto de seguridad y regulación”, advirtió.
AHORA GOBIERNO DICE QUE NO
Tras el escándalo originado por la noticia en la que, los alcaldes habrían mostrado al gobierno su reclamo, el Estado a través de un comunicado rechazó que haya propuesto la medida y que pretenda cobrar.
“El Instituto no ha propuesto, ni propone, ni pretende aplicar ninguna tarifa a ese tipo de servicios”.
“Lo que se ha ofrecido, en el marco del convenio, es entregarles en comodato un kit de tecnología para que a través de este se dé seguimiento a los servicios y, en los casos en donde haya una aportación del usuario, se pueda hacer a través del medio de pago del IMA, sin costo para los municipios”.
Actualmente en el municipio de Apodaca operan 130 unidades; en el de Santa Catarina, 40; 70 en Guadalupe y Monterrey que tiene un proyecto de incorporar gratuitamente alrededor de 500.