Por Manuel CARMONA

El pasado 6 de febrero en su conferencia mañanera la Presidenta de la República Claudia Sheimbaun anunció su intención de hacer de México una potencia científica  y tecnológica, para lo cual autorizó dentro del PLAN MEXICO la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari” que funcionará en los estados de Jalisco, Sonora y Puebla, que de resultar verdad sería un gigantesco paso para el país por las implicaciones para la economía nacional, aunque desafortunadamente parece muy lejano a la realidad y aquí les diré porqué.

Comenzaré diciendo  que el semiconductor es un dispositivo que se utiliza para la fabricación de componentes en los sistemas electrónicos en la industria automotriz, electro domésticos, equipos médicos, laptops, tabletas y teléfonos celulares, de altísima demanda y cotización en el mercado mundial de la tecnología.

Actualmente el 63 por ciento de la fabricación de semiconductores proviene de Taiwan, el 18 por ciento de Corea del Sur, el 6 por ciento de China, quienes son los países que dominan el mercado mundial. La producción restante se elabora en Estados  Unidos y en otros países pero ya en porcentajes mínimos.

Dada su importancia estratégica en el futuro, tanto China como Estados Unidos son los países que han hechos anuncios de inversiones multi millonarias programadas en los próximos años, comenzando a partir de este  2025, con el propósito de que en algún momento puedan tener una mayor presencia e influencia global en este ramo, aunque para llegar a este punto se requerirá de tiempo  para ir construyendo las condiciones necesarias para el desarrollo de esta industria.

Si incursionar en este rubro de las manufacturas fuera tan simple, todos los países del mundo estarían elaborando  semi conductores, pero no es así. El mayor desafío en la materia no es la fabricación en si misma, sino la alineación de la CADENA DE SUMINISTROS, es decir: ligar el involucramiento de TODAS LAS PARTES (fabricantes, proveedores de materias primas, transportistas, almacenes, minoristas, clientes) en una sola organización y en un mismo punto, lo que representa un proceso de muy largo plazo.

En el caso de México, estamos atravesando por un momento donde se tienen tantas asignaturas pendientes en el ramo de la seguridad, salud, infraestructura, comunicaciones y educación pública entre otras, que no hemos sido capaces de resolver, ni los gobiernos  anteriores ni los actuales, que resulta completamente inverosímil y fantasioso que estemos pensando en convertirnos en una potencia científica y tecnológica, sobre todo cuando en el anuncio presidencial no se habló en ningún momento de la inversión económica etiquetada para poder arrancar con este ambicioso proyecto.

Sin importar la ideología del partido que se encuentre en el poder, definitivamente hay cosas que al parecer no cambian en el quehacer gubernamental, como es el caso de la muy persistente confusión entre deseos y políticas públicas, aunque se observa con mayor frecuencia y ligereza este comportamiento en los regímenes de corte populista como el que nos gobierna en este momento.

Una política pública tiene dos características indispensables.

La definición de los objetivos de interés público, así como la ponderación del costo-beneficio

Es el resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método, para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema de naturaleza pública.

Precisamente uno de los más grandes males que persiguen a las entidades de gobierno POR IGUAL  sin importar color e ideología, es que gobiernan con ocurrencias y no con políticas públicas.

Cómo es que se piensa llevar a cabo un proyecto de tan enorme envergadura sin haberle asignado un presupuesto?

Obviamente estamos en presencia únicamente de una manifestación de buena fe, de buenas intenciones, pero de pocas o tal vez nulas probabilidades de realización.

Hay cosas que no cambian y hoy como ayer quienes ostentan el poder en general creen que gobernar solo es un asunto de dar órdenes y ya.

Una acción de gobierno que no está sustentada en un proceso de diagnóstico y análisis no es una política pública, simplemente es un acto de autoridad con temporalidad limitada.

* El autor es abogado, escritor y analista político.