Raúl Guajardo Cantú 

Una de las consecuencias derivadas de la contaminación ambiental del área metropolitana de Monterrey que menos se menciona es la cantidad de muertes a consecuencia de este fenómeno provocado por la refinería de Cadereyta, las empresas y el tráfico vehicular.

En el año 2023, el entonces secretario de Medio Ambiente en el estado, puso el dedo en la llaga al mostrar las cifras de fallecimientos prematuros producidos por este fenómeno: 2 500.

Como punto de comparación, en 2024 en el estado se presentaron menos de 1 500 muertes derivadas de la violencia originada por la delincuencia, delitos de alto impacto como suelen señalarse. El estado con más muertes violentas, Guanajuato, tuvo menos que las que hubo en Nuevo León como producto de la contaminación.

Como puede observarse, estamos ante un problema cuyos efectos sobre la población no hemos evaluado correctamente. El Congreso, que está llamando la atención sobre el destino del impuesto verde, debería también llamar a cuentas a dependencias como Salud para que informe sobre las defunciones derivadas de este fenómeno.

Porque el costo social y humano, 2 500 familias que perdieron a uno de sus integrantes debido a la contaminación, no puede ser menos importante que las casi 1 500 muertes producto de la inseguridad que, por ser generalmente nota de primera plana o titulares en los medios electrónicos, nos parecen intolerables.

Es tiempo de poner más atención a este problema, el gobernador del estado debería aprovechar sus contactos con la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr que la refinería de Cadereyta invierta lo que deba invertir para evitar la contaminación que nos cuesta mucho más en vidas humanas que la propia inseguridad.

Como lo señala El Porvenir en su edición de ayer, el domingo pasado, un día inhábil en el cual se supondría que la contaminación sería menor, se presentó una mala calidad del aire en la gran mayoría de las estaciones de monitoreo lo cual no debería sorprendernos pues como lo destaca la nota “la ciudad de Monterrey es una de las más contaminadas de América Latina, pues las partículas PM10 presentes en el aire de la capital neoleonesa rebasan continuamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Es tiempo de que como sociedad hagamos algo para que este fenómeno que está matando a muchos nuevoleoneses, tenga una solución de largo plazo, que se eviten las acciones destinadas a alcanzar uno o varios titulares en los medios de comunicación o likes en redes sociales.

Hablamos de la vida de 2 500 nuevoleoneses, por lo menos, de 2 500 familias que sufren la pérdida de un ser querido, no son simples estadísticas, es un problema de vida o muerte, un problema que nos atañe como sociedad.

Así que, independientemente de la rendición de las cuentas económicas referentes al destino del impuesto verde, también se nos haga saber qué se está haciendo para evitar esas muertes que, por no llegar cada día a las primeras planas, parecen menos importantes que las provocadas por la inseguridad. No es así, no debe serlo.