Cosas del Tony

Por: Antonio Sánchez R.

           El sistema político mexicano ha propiciado la existencia de grupúsculos de muy reducida o hasta casi nula influencia, que apuestan su permanencia a frecuentes golpes mediáticos, a través de los cuales hacen suponer que tales organismos “trabajan” en la defensa de las causas populares.

Las reformas constantes a la legislación en materia electoral, específicamente en el renglón de organizaciones políticas, son dirigidas a darle un cariz de democracia a la participación de una representación de carácter “proporcional”, ocupando espacios que finalmente significan un costo que impacta al erario público, sin que al final de cuentas redunde en beneficio alguno, salvo para quienes dirigen tales organismos mal llamados partidos.

           No es un secreto para nadie que en los últimos años uno de los mejores negocios, por las escasa o nula inversión en metálico que se realiza, es la “fundación” de partidos políticos, actividad en la que algunos vividores del presupuesto se han enquistado tan inteligentemente que, gracias a la fórmula infalible de golpetear a los gobernantes en turno, se han podido mantener y navegar en aguas tranquilas, para ellos.

           La problemática social existente es por excelencia el caldo de cultivo ad hoc para el medro y la rampante convivencia de organizaciones políticas surgidas de las llamadas minorías, a las que se les llegó a etiquetar como la “chiquillada”, adjetivo al que hacen honor cuando como verdaderos “peques” se “encamprinchan” y se le ponen a las patadas a “papá gobierno” por cualquier motivo.

           La desaparición de las minorías que no representan a nadie y a las cuales se premia su no representatividad con curules, espacios y recursos, acabaría de golpe y porrazo con la figura de la llamada “representación proporcional” en los cabildos y congresos local y federal, reduciéndose automáticamente a sólo 300 diputados federales y 64 senadores en el Congreso de la Unión y a 26 diputados en el plano local. O sea, en ambos casos, el presupuesto se reduciría prácticamente en un 40 por ciento y los recursos derivados de ese ahorro podrían ser utilizados en obras y programas de beneficio para la población.

           Mire usted, la actividad legislativa es importante para un estado, para un país, pero es una falacia que para “mejorar” dicha labor sea necesario incrementar el número de legisladores. Es más, está comprobado que a partir de que se incrementó a 500 el número de curules en el Congreso Federal, el rezago legislativo se ha convertido en el lastre más gravoso de los últimos tiempos. A nivel estatal la realidad es paralela a la existente a nivel nacional.

           Creo que es tiempo de que partidos políticos, organismos no gubernamentales, en conjunto con la ciudadanía y con las mismas instancias electorales, hagan un alto y a la vez un análisis retrospectivo acerca de la rentabilidad que ha significado tener cuerpos legislativos tan numerosos a la vez que inefectivos en términos generales, dado el rezago en el que se encuentra inmerso el Congreso de la Unión.

           Y no sólo se debe analizar la inoperatividad de la legislatura, sino también el alto costo, el oneroso presupuesto que se destina a un cuerpo legislativo que, proporcionalmente hablando, ofrece magros resultados para lo caro que cuesta su sostenimiento.

Si se hace un balance entre la promulgación de nuevas leyes, decretos e iniciativas de reforma que se producen en los dos períodos legislativos anuales y el presupuesto que se gasta en ese año legislativo, obtendríamos como resultado un aberrante y escandaloso despilfarro de recursos públicos. Urge, sí, una reforma, pero una verdadera reforma que nos permita tener un poder legislativo más efectivo y menos caro, ¿no creen?

Pasen un muy feliz día y ¡que vivan el amor y la amistad!