Por Manuel CARMONA

Como cada año,  ayer hubo violentas marchas por todo el  país como una señal de protesta por la violencia que sufren algunas mujeres  en su día a día y al mismo tiempo como un ejercicio reivindicatorio de ciertas demandas legítimas incumplidas por el Estado, como la localización de desaparecidas y la falta de sentencias judiciales contra sus agresores etc. y al  igual que cada año en mayor o menor medida hubo innumerables acciones de vandalismo en perjuicio de edificios públicos considerados históricos, vehículos, comercios y personas totalmente ajenas al origen de sus inconformidades.

De la misma manera también como cada año, los gobiernos de todo el país se hicieron de ladito  e instruyeron a sus cuerpos de seguridad pública hacer acto de presencia a discreción, en algunos casos como el de la ciudad  de México se decidió la colocación de una valla de protección para evitar destrozos a la fachada del Palacio Nacional, pero en el caso del Palacio Municipal de Puebla no hubo ninguna restricción y los daños materiales a ésta y otras oficinas públicas de carácter estatal dan cuenta de manera detallada los distintos medios locales de comunicación y los portales de noticias digitales.

Pero…. ¿Porqué razón las autoridades de los tres órdenes de gobierno han venido siendo reiteradamente omisas en el cumplimiento de sus obligaciones, de inhibir los actos de vandalismo como los incendios provocados en algunas marchas?

Desde luego que sabemos la respuesta. Es para evitar alguna posible confrontación que genere lesiones de alguna de las manifestantes y que después pudieran ser señalados por abuso de autoridad y represión y actualmente ningún gobierno quiere eso bajo ninguna circunstancia. Estamos en presencia de escenarios de OMISION INSTITUCIONALIZADA.

Es mejor dejar que fluya libremente ésta y cualquier otro tipo de marcha de protesta, dejar hacer, dejar pasar y mantener a salvo la imagen de gobierno en turno, todos sin importar la ideología y color que los represente, todos han venido asumiendo la misma postura.

Ejercer la autoridad genera un desgaste político, provoca la aprobación de un sector pero molestias y desaprobación de otro y eso se traduce en merma de votos al partido en la próxima elección, poner en riesgo la continuidad de un proyecto político, la posibilidad de trascender, por lo mejor es cuidar la marca y a los candidatos del futuro antes que al interés público.

Para ahorrarse un reclamo y ser enjuiciado de inmediato en el tribunal de la opinión pública como autoritario, el Estado en su conjunto  ha preferido en las últimas décadas ser omiso, abdicar a su responsabilidad de ejercer el monopolio de la fuerza legítima  y los instrumentos de coacción de los que dispone, como lo han  referido múltiples autores entre ellos el sociólogo alemán Max Weber en su obra “La Política como Vocación” publicada en 1919.

Constituyéndose así una doble omisión a sus gobernados: la primera el incumplimiento en la atención y solución a las demandas históricas planteadas por los colectivos femeninos y la segunda la falta de sanción a quienes pretender visibilizar, impulsar y presionar para exigir sus derechos no mediante las vías institucionales sino a través de conductas que transgreden el orden legal.

El caso es que quien pretende quedar bien con todos, termina por no quedar bien con nadie, ni con las feministas ni los propios particulares afectados por los daños ocasionados en ésta y muchas otras marchas por igual, en las que se han generado bloqueos a importantes vialidades de la ciudad generando enormes molestias  y pérdidas económicas a la sociedad.

Por eso es que definitivamente ha llegado la hora de hacer una impostergable valoración para en el futuro elegir gobiernos que verdaderamente atiendan y que enfrenten  las causas que han dado origen a la problemática que agobia a nuestro país como es la ancestral deuda de corregir las injusticias de la justicia.

Necesitamos elegir gobiernos que no les de miedo asumir el desgaste de ejercer su rol como autoridad, que pongan a trabajar a los cuerpos de seguridad pública, a las policías ministeriales, a las fiscalías, a las áreas de atención a víctimas, a las fiscalías y que también sepan poner límites a los ciudadanos y grupos que vulneren el estado de derecho. Necesitamos gobiernos que no solo se limiten a cuidar la imagen, la figura, que solo sepan acudir a inauguraciones y eventos sociales, necesitamos ser gobernados por profesionales que tengan bien delimitadas sus atribuciones, pero  también sus OBLIGACIONES.

Necesitamos gobiernos herejes que dejen de practicar la omisión, como religión institucional.

* El autor es abogado, escritor y analista político.