¿Sabías que, aunque la minería representa el 1% de la fuerza laboral global, concentra el 8% de los accidentes mortales en el trabajo? Esta cifra, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habla de lo importante que es transformar las condiciones laborales de un sector fundamental para la economía.
“Estamos viviendo una transformación necesaria: una minería más responsable y humana. Los nuevos estándares laborales han dejado de ser la carga que pesó durante muchos años y se han convertido en una oportunidad para mejorar las condiciones y fortalecer al sector”, afirma Zulma Herrera, socia y CEO de Mynotauro Co.
La industria minera en México tiene una oportunidad para consolidar el cambio: saldar la deuda con sus trabajadores y avanzar hacia la transformación de las condiciones laborales.
La minería ha sido un motor para el desarrollo económico. No obstante, también se ha caracterizado por prácticas laborales de riesgo. En diversas regiones, los mineros se enfrentan a la exposición a sustancias tóxicas, jornadas extensas en entornos precarios y riesgos estructurales, como derrumbes o explosiones.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), en los últimos años, la seguridad se ha consolidado como uno de los ejes prioritarios del sector, promoviendo la prevención que, a su vez, contribuye a una reducción de los accidentes laborales.
En este sentido, durante 2023, las empresas reportaron una tasa de incidencia de 1.33 accidentes por cada 100 trabajadores, por debajo del promedio nacional de 1.83.
A nivel internacional, se han consolidado marcos regulatorios que apuntan a una minería más ética. Entre ellos destacan:
● Normas de seguridad laboral que exigen capacitación continua, condiciones adecuadas de infraestructura y medidas de prevención.
● Gestión de pasivos ambientales bajo criterios como los establecidos en las normas ISO para el manejo de legados mineros.
El enfoque de incorporar nuevos estándares laborales se ha convertido en una estrategia a largo plazo. Estas son algunas de las razones:
● Reducción de riesgos operativos y legales: el cumplimiento normativo previene sanciones, cierres y conflictos sociales.
● Atracción de inversión responsable: los fondos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) priorizan proyectos con prácticas sostenibles.
● Mejora de reputación y relaciones comunitarias: las empresas que priorizan el bienestar generan confianza con las comunidades.
● Productividad y retención de talento: un entorno seguro y justo incrementa el compromiso y el rendimiento de los trabajadores.