Por Manuel CARMONA

Desde el pasado viernes 13 de junio Puebla se ha convertido en el epicentro nacional de una profunda controversia, tras la entrada en vigor de una reforma legal que instituye el delito de CIBERASEDIO el cual sanciona con penas de hasta 3 años de cárcel los insultos y las ofensas que se expresan en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, con la insistencia necesaria para causar a otra persona un daño o menoscabo en su integridad física o emocional, figura jurídica que ha quedado constituída en el artículo 480 de la legislación en la materia.

Dicha reforma tiene una vertiente técnica y otra política, ambas fueron manejadas por el Congreso local de una manera poco asertiva.

Desde el enfoque ESTRICTAMENTE TECNICO, esta adición al Código Penal en Puebla fue aprobada “al vapor” por el PODER LEGISLATIVO  (se discutió en comisiones el miércoles 11 de junio, pasó al pleno y se aprobó el jueves 12 de junio y se publicó en el periódico oficial el viernes 13 de junio) tiene su origen en una iniciativa formulada por el actual coordinador del gabinete del Gobernador José Luis García Parra cuando se desempeñó como diputado local el año pasado, lo que da pie a una interpretación natural del interés  que tuvo el PODER EJECUTIVO en el tema y que generó una enorme e innecesaria controversia que una vez agotada dejará de algún modo un desgaste, en la imagen y los índices de aprobación gubernamental.

Ahora bien, desde el enfoque ESTRICTAMENTE POLITICO, a partir de que se inició este debate la narrativa oficial ha sido desarrollada en función de la necesidad que existe de sancionar a quienes manejan alguna cuenta en redes sociales que critican al poder amparados en el anonimato, lo que detonó una fuerte discusión, debido a que periodistas, activistas y algunos otros actores políticos y miembros de la sociedad civil acusaron recibo, como una restricción a la LIBERTAD DE EXPRESION.

El problema no es que el gobierno busque combatir la violencia digital, lo cual es legítimo y plausible, sino la manera en que se propuso y se justificó ante la opinión pública. Todos vimos y escuchamos a las diputadas locales de Morena Nay Salvatori y Grace Palomares exponer en tribuna que esta iniciativa legislativa era necesaria debido a las ofensas anónimas que durante mucho tiempo han padecido en las redes sociales.

En síntesis, sustentaron su apoyo a la configuración de este nuevo delito, basadas en agravios personales, lo que permitió a los opositores de esta reforma construir su propio discurso que ha permeado muy bien: el nuevo delito de ciberasedio ha sido creado para inhibir la crítica a los políticos que hoy ostentan el poder en Puebla.

Cuando esta adición al código penal entró en vigor el pasado sábado 14 de junio ya era un escándalo, al grado que al día siguiente el domingo 15 de junio el Gobernador del Estado solicitó al Congreso  organizar foros para socializar y dar a conocer las bondades de esta nueva ley, que es donde surge  una segunda pero extemporánea narrativa de que el propósito de la nueva figura del ciberasedio fue para defender el interés superior de la niñez, cuando el daño político ya está hecho

De que tamaño será el costo de la factura? En este momento aún no lo sabemos, porque la discusión está abierta. Habrá que esperar que finalice para poder llevar a cabo las mediciones demoscópicas que permitan determinar el impacto que haya sufrido LA FIGURA DEL PODER EJECUTIVO que es la que ha concentrado la dura crítica y el rechazo  de esta medida.

La jurisprudencia vigente y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser clara, necesaria, proporcional y legalmente previsible (Test tripartito del artículo 13). En cambio esta adición habilita al Estado para castigar lo que le incomode, especialmente si quien lo expresa es periodista, activista o simplemente un usuario incómodo en redes.

El caso es que como desenlace  de este agitado episodio advierto dos posibles escenarios: el primero es que a pesar de las fuertes presiones mediáticas y políticas, el Gobernador del Estado  de ningún modo dará marcha atrás y mantendrá su postura de defensa ante esta nueva figura penal, asumiendo los daños colaterales que pueda traer consigo esta decisión.

El segundo, es que a pesar de la introducción de este nuevo delito no se podrá inhibir y mucho menos extinguir el “hate” que hoy en día se mueve a una velocidad vertiginosa en redes sociales y que es propio de estos tiempos que corren de la era de las telecomunicaciones, en el cual ya está más que comprobado que es IMPOSIBLE detener el flujo de la información, aún cuando esta pueda ser crítica hacia los gobiernos y a quienes trabajan en ellos.

Que por ahí se podrá ejercitar acción penal contra uno, dos, tres o más críticos incómodos, seguramente  así será, pero esto no podrá acallar la incontrolable avalancha de opiniones que por segundo van y vienen en las “benditas redes sociales”, por el contrario el riesgo de la restricción es que solo servirá para avivar y expandir el rechazo hacia el partido en el poder y le estará poniendo en charola de plata una plataforma a los partidos de oposición de cara a las elecciones intermedias del 2027 que ya están a la vuelta de la esquina.

De tal manera que para el grupo gobernante, considero que esta es una lucha estéril, en donde solo hay un margen muy escaso  de ganancia y por el contrario el costo político es muy alto. Ya la historia reciente nos los ha demostrado. Ojalá reconsideren. ENMENDAR, NO ES RAJARSE,  también es de sabios cambiar de opinión….

* El autor es abogado, escritor y analista político.