Morena y sus aliados aprobaron en su calidad de mayoría la reforma en materia de telecomunicaciones que obliga a los concesionarios, sin control judicial, a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real y a entregar la información que les sea requerida.

De esta manera, cualquier concesionario que se niegue a colaborar con la autoridad será sancionado, y la autoridad establecerá los lineamientos que éstos adoptarán para llevar a cabo dicha colaboración y los obliga a almacenar por dos años datos sensibles como llamadas, mensajes, ubicación y patrones de uso de los usuarios.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada con 343 votos a favor de Morena y aliados contra 129 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Asimismo, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que dependerá de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; tendrá facultades para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en la ley, previo apercibimiento.

Se establece, en un artículo transitorio la obligación de la Comisión de emitir los lineamientos para la identificación de líneas de telefonía móvil y la suspensión de líneas que no estén asociadas a un usuario final.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista dijo que la reforma representa la posibilidad de que, sin previa autorización de un juez, un burócrata convertido en espía, conozca desde el iris del ojo de un ciudadano hasta dónde se encuentra en cada momento de su vida.
Hubo protestas de la oposición, rechazo, un ataúd que significó la muerte de la democracia y carteles con consignas en contra.

María Elena Pérez-Jaén, de Acción Nacional advirtió que la reforma representa un retroceso de más de 30 años, porque con ella, el Gobierno podrá requerirle a las empresas telefónicas todo tipo de información sin control judicial y sin establecer límites temporales al tratamiento de los datos.