Luz María Ortiz Quintos

Nos encontramos en los últimos días del ciclo escolar 2024-2025.
Por un lado, vemos fiestas de fin de cursos, graduaciones, celebraciones y alegría en muchas escuelas del país. Sin embargo, este no es el caso en Baja California, donde lamentablemente se vive una situación muy distinta: el fallecimiento de un menor, hecho por el cual su maestro ha sido declarado culpable por el delito de omisión de auxilio.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron a raíz de una pelea entre el menor fallecido y otro compañero, dentro del plantel educativo, antes de iniciar las clases.

El maestro del menor siguió el protocolo escolar correspondiente el día 30 de octubre de 2023. Se notificó a los padres del alumno, quienes lo trasladaron a la clínica que brinda el servicio del seguro escolar.

Se señala que, en dicha clínica, el menor fue atendido; sin embargo, aparentemente no se le realizaron estudios clínicos especializados, por lo que no se detectó la gravedad de la lesión. Fue dado de alta y, horas después, lamentablemente sufrió muerte cerebral.

El juez determinó que hubo omisión de auxilio por parte del maestro, pero no se imputó responsabilidad alguna a la clínica que atendió al menor, ni tampoco se establecieron cargos en contra del compañero que lo agredió.

Este conjunto de hechos —la agresión sufrida por el menor, la supuesta omisión de auxilio, la posible negligencia médica y, finalmente, la trágica pérdida de una vida— ha derivado en que el único señalado como culpable sea el maestro, según la resolución judicial.

Ante esta situación, es momento de reflexionar:
En Nuevo León, ¿qué protocolos existen en las escuelas, tanto públicas como privadas? ¿Qué tipo de seguros escolares se ofrecen? ¿Qué cubren y hasta qué monto?

Nadie está exento de enfrentar una situación similar. Esta lamentable experiencia debe servirnos para revisar, actualizar y garantizar que tanto los protocolos escolares como los servicios médicos contratados (clínicas u hospitales) sean realmente competentes y suficientes.

El magisterio de Baja California se ha manifestado en solidaridad con el maestro Esteban, al considerar que él cumplió con su responsabilidad conforme a los lineamientos establecidos, y consideran que la pena impuesta es injusta y desproporcionada.

La sentencia dictada incluye privación de la libertad y una compensación económica.

La vocación docente es una de las más nobles y respetables. Sin embargo, no siempre se le valora, reconoce ni remunera adecuadamente. Situaciones como esta evidencian la vulnerabilidad de los maestros ante fallas en un sistema que, en ocasiones, no garantiza una justicia equitativa.