Luz María Ortiz Quintos

«La inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario».
— Albert Einstein

Nos entusiasma ver los cambios que se están implementando en el gobierno estatal, así como la buena coordinación para establecer mesas de diálogo con los gobiernos municipales del área metropolitana, con el objetivo de evaluar áreas de oportunidad en temas como seguridad, contaminación y vialidad.

Dentro de las propuestas relacionadas con la mejora vial, se está considerando establecer como obligatorio el uso del transporte escolar.

De acuerdo con Líder Empresarial, “se registraron 7,577 planteles educativos en Nuevo León para el ciclo escolar 2023-2024.
Estos incluyen escuelas de nivel básico y medio superior. En cuanto a las escuelas privadas, se reportan 1,234 planteles que ofrecen educación preescolar, primaria y secundaria.”

El 16% de estos planteles corresponde a escuelas particulares, a las cuales se busca aplicar la nueva disposición legal sobre la obligatoriedad del transporte escolar.

Entendemos la urgente necesidad de disminuir la carga vehicular en las vialidades; sin embargo, consideramos importante tomar en cuenta que esta nueva medida implicaría un incremento en los costos educativos para las familias del sector privado.

Dado que nos encontramos en periodo vacacional, nos preocupa que esta disposición se implemente sin una consulta adecuada a las familias afectadas, ya que podría impactar negativamente su economía.
Cada inicio de ciclo escolar implica gastos por concepto de inscripción o reinscripción, libros, útiles escolares, uniformes y otros como festivales, seguro médico, entre otros.

Por otro lado, el sector público concentra un mayor número de escuelas y alumnos, lo que también representa un alto volumen de vehículos en circulación.

Consideramos que la medida del transporte escolar obligatorio puede ser positiva, siempre y cuando se aplique de forma equitativa a todo el sistema educativo —tanto público como privado— y se implemente sin costo para las familias.