Por Manuel CARMONA

El pasado miércoles 16 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación  11 decretos presidenciales, entre los cuales figura uno en el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Población por medio de la cual se instituye como único medio de identificación oficial en el país la CURP biométrica, tal como lo dispone el artículo cuarto transitorio del referido decreto publicado en esa fecha, en el cual otorga un plazo de 90 días naturales a TODOS LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS para hacer sus adecuaciones administrativas internas con el fin de incluir como requisito para TODOS los trámites y servicios que sean solicitados por la ciudadanía, lo que significa que este nuevo documento se vuelve obligatorio A PARTIR DEL PROXIMO 14 DE OCTUBRE de este año.

Esta medida que se ha pretendido vender como una innovación se viene discutiendo por lo menos desde hace una década y no se había podido implementar porque nuestro país no cuenta todavía con las condiciones como es la infraestructura técnica, administrativa, jurídica y presupuestal para poner en marcha este proceso largo y complejo, que si bien es cierto es importante y necesario, para implementarlo se requiere un esfuerzo colosal del Estado mexicano.

Como un asunto motivacional, creo que es humano  que todos aspiremos a tener algún día una educación pública tipo Finlandia, un sistema de salud tipo Dinamarca, un modelo de seguridad de nula criminalidad tipo Islandia y un gobierno sistematizado donde TODA la información esté concentrada en una base de datos única, suena bien, pero hay que ubicarse en nuestra en realidad, dejar de fantasear y aceptar que aún estamos lejos del primer mundo y tendremos que esperar todavía durante un buen tiempo para poder aproximarnos.

La intención de implementar la CURP biométrica ha sido motivo de análisis y discusión durante años en largas e interminables reuniones de trabajo por parte de la CONAFREC (Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil) donde los puntos medulares que no permitieron el avance sustancial de la propuesta fueron:

1.- Que la Federación carecía de los recursos económicos suficientes para invertir en la compra de equipo técnico especializado, cámaras, computadoras, scanners y la contratación del personal necesario para llevar a cabo la tarea de recabar la información biométrica de toda la población. Diversos consultores y especialistas en la integración de plataformas y bases de datos estiman que un proyecto de esta magnitud podría alcanzar un costo aproximado entre 70 y 80 MIL MILLONES DE PESOS.

2.-El proceso logístico para recabar la información biométrica de los ciudadanos, firma, fotografía, huellas digitales e iris de los ojos, LLEVARIA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO AÑOS si el programa una vez iniciado no tuviera interrupciones, tiempo en el cual se tendría que cubrir una nómina extraordinaria de servidores públicos enfocados de tiempo completo únicamente a esta tarea.

Independientemente de las complicaciones naturales que puede traer consigo un proyecto de esta índole, EL PRINCIPAL OBSTACULO SIEMPRE FUE FINANCIERO, puesto que la Federación siempre se ha propuesto solo como apoyo,  trasladando la carga presupuestal y operativa hacia las entidades federativas por conducto de sus oficinas del Registro Civil, de tal manera que nunca hubo un avance importante en función de que ninguno de estos órdenes de gobierno asumió designar una partida debidamente etiquetada para el cumplimiento de estos fines.

 Por lo tanto, el tema de la CURP biométrica nunca pasó de una idea y un proyecto piloto en el estado de Veracruz, donde en dos años con escaso equipo y personal apenas se lograron recabar de manera experimental datos biométricos de 2 mil personas, cuando el proyecto comprende un universo de alrededor de 140 millones de CURPS a nivel nacional.

El caso es que esta medida legislativa aprobada al vapor en menos de 24 horas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, como ya lo he expuesto anteriormente, sin haberla leído, sin haberla analizado, sin haberla discutido, que se ha venido anunciando y presumiendo como un avance que revolucionará la administración pública, NO PODRA CONCRETARSE y por el contrario solo terminará convirtiéndose en el mediano plazo, en un gran dolor de cabeza para millones de personas.

Con las prisas de aprobar un decreto presidencial sin tener la menor idea de lo que hacían, los Diputados y Senadores de esta legislatura, fijaron una fecha límite de 90 días para que en todas las oficinas de los tres órdenes de gobierno sea requisito indispensable la presentación de la CURP biométrica para solicitar cualquier trámite, cuando recabar la información por parte del Estado implica un proceso administrativo que puede durar años para la expedición de los nuevos formatos que ya serán obligatorios a partir del próximo 14 de octubre.

No es esto una incongruencia?

Porque no aceptar nuestra realidad? Que somos y vivimos en una república bananera, donde en las oficinas públicas muy frecuentemente no hay dotación de tonner y de papel bond, donde sabemos que nuestros gobiernos no son capaces de tapar un bache y brindar seguridad pública a sus gobernados, pero sí nos imaginamos que podemos aspirar a una REPUBLICA DIGITAL, donde todo esté sistematizado, que barbaridad. Se vale soñar!!!

* El autor es abogado, escritor y analista político.