Walter Elizondo

Monterrey, N.L. — Ante la negligencia continua del gobierno estatal para garantizar un derecho fundamental, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para obligar al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) a establecer mecanismos funcionales que garanticen el acceso real a las tarifas preferenciales del transporte público.

“Después de haber presentado un Punto de Acuerdo el pasado 3 de septiembre y que fue aprobado por este Congreso para exhortar al gobernador, al IMA y a Metrorrey a reactivar el registro para la tarifa preferencial, siguen sin tomar medidas concretas. Y mientras tanto, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad siguen pagando la tarifa completa, algo que impacta duramente su economía”, declaró la coordinadora del Grupo Legislativo Independiente “Únete Pueblo”.

La legisladora recordó que el Artículo 70 de la Ley de Movilidad establece el derecho a una tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y otros grupos vulnerables. Sin embargo, denunció que este derecho se convirtió en letra muerta por la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno actual para implementar sistemas de acceso y registro, debido a que ya solo existe el pago electrónico.

“La aplicación Urbani lleva más de 18 meses con la función de registro preferencial deshabilitada. La opción presencial tampoco es opción, pues usuarios nos han reportado que les comentan que solo se dan 30 citas diarias para toda el área metropolitana y además un cobro de 30 pesos por la tarjeta en el caso de los adultos mayores”, acusó Montalvo.

La diputada también destacó la desigualdad en el acceso al beneficio: “Otro problema es que solo los estudiantes de la UANL pueden acceder al registro mediante su app universitaria, mientras que todos los demás como de los CECYTE, CONALEP, primarias, secundarias y universidades privadas están excluidos a pesar de tener el derecho. Esto es discriminación institucionalizada”.

Montalvo detalló el grave impacto económico de esta omisión: “Ya hemos señalado que un adulto mayor que use el metro dos veces al día gasta hasta 570 pesos mensuales ahora que ya llegó la tarifa hasta 9.50 pesos, lo que representa poco más del 18% de una pensión Para el Bienestar. Y los estudiantes entre 200 y 280 pesos semanales en pasajes. Cada peso que gastan de más les quita para otros rubros importantes como alimentación o materiales educativos”.

La iniciativa de reforma establece obligaciones específicas para el IMA, quien debe implementar y garantizar un sistema de registro gratuito, accesible y permanente tanto presencial como en línea; reconocer las credenciales oficiales existentes; y garantizar acceso inmediato y gratuito al transporte cuando el sistema falle, con un mecanismo de compensación para los operadores.

“Si el gobierno no actúa por convicción, lo haremos por obligación legal. Esta reforma le dará vida de nuevo a un derecho que nunca ha dejado de serlo”, sentenció la legisladora.

Montalvo reflexionó que: “La movilidad accesible no es un privilegio, debe ser la norma. Si el IMA no puede o no quiere garantizarlo, nosotros les daremos las herramientas legales. Las familias de Nuevo León ya han esperado demasiado”.