Por Gerardo Guerrero
México enfrenta un paisaje económico marcado por contrastes que delinean tres realidades diferentes. La productividad laboral, medida por el valor agregado por hora trabajada, refleja estas desigualdades: mientras Campeche lidera con un desempeño de $581 pesos por hora, seguido por la Ciudad de México con $408.7 y Nuevo León con $349.8, las cifras más bajas se concentran en Guerrero, Tlaxcala y Chiapas, con apenas entre $88 y $111 por hora. Estos números, reflejo de los datos más recientes del INEGI, ilustran una economía donde la eficiencia y el dinamismo se concentran en unos pocos polos, mientras amplias regiones permanecen rezagadas.
Este patrón se repite en el crecimiento económico: durante el primer semestre de 2025, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León se destacaron como los estados con mejor desempeño económico, con crecimientos de 7.1%, 4.5% y 4.2%, respectivamente, mientras que otras entidades enfrentaron caídas significativas, evidenciando un país donde la dinámica de crecimiento no se distribuye de manera uniforme y donde la productividad y la inversión se concentran en unos pocos polos industriales. En este mosaico de contrastes, la productividad, el crecimiento y la inversión crean un país fragmentado, donde la geografía define las oportunidades y limita la movilidad social.
La dinámica laboral ofrece otra mirada a esta desigualdad. En septiembre, la tasa de desocupación nacional repuntó al 3.0%, con aproximadamente 1.8 millones de personas sin empleo. Aunque Oaxaca, Querétaro y Guerrero registran las tasas más bajas, la Ciudad de México, Sonora y Tabasco enfrentan los niveles más altos. La paradoja es que los estados con mayor informalidad laboral suelen reportar un desempleo menor, un indicador que maquilla la fragilidad de sus mercados de trabajo. La subocupación y la informalidad siguen en ascenso, mientras la capacidad de generar empleos formales y bien remunerados se estanca, limitando el crecimiento real de la productividad y la calidad de vida.
En paralelo, la estructura económica del país muestra tensiones que comprometen la sostenibilidad del crecimiento. Entre 2018 y 2025, el PIB per cápita ajustado por inflación creció apenas 0.3%, mientras que la deuda pública por habitante se incrementó 24.4%. La paradoja es evidente: ocho años después, México produce casi lo mismo que en 2018, pero enfrenta una carga financiera mucho mayor. Este estancamiento se refleja también en sectores estratégicos como la construcción, donde el valor de producción de las empresas cayó 17.4% entre enero y agosto de 2025, y la obra pública se desplomó 42.5%, marcando 16 meses consecutivos de retrocesos que afectan empleo, inversión y cadenas productivas.
La situación institucional amplifica estos desafíos. El Rule of Law Index 2025, elaborado por el World Justice Project, coloca a México en el lugar 121 de 143 países, con un puntaje de 0.40 y una caída de 2.8% respecto al año anterior. Las brechas en independencia judicial, control de la corrupción y limitación del poder gubernamental erosionan la confianza ciudadana y reducen la capacidad del Estado para generar condiciones de certeza jurídica, un factor crítico para la inversión y el desarrollo económico sostenido.
Incluso en la esfera social, las decisiones de política pública generan disparidades palpables.
Los estados que no se adhirieron al programa IMSS-Bienestar, entre ellos Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, han logrado preservar un mejor desempeño en indicadores de salud pública, con aumentos en presupuestos, cobertura de vacunación y número de consultas médicas. Por el contrario, los 24 estados afiliados han visto recortes significativos en su financiamiento, lo que se traduce en menor capacidad de atención y cobertura sanitaria.
En conjunto, estas cifras y tendencias dibujan un país que crece de manera desigual, donde la productividad y la inversión se concentran en unos pocos territorios, la informalidad y la subocupación limitan el avance laboral, la deuda pública aumenta sin un crecimiento proporcional del PIB y la confianza en las instituciones se deteriora. México se mueve, pero lo hace a diferentes ritmos: tres velocidades que exigen no solo políticas de crecimiento económico, sino una reconstrucción integral del tejido institucional y social, capaz de equilibrar oportunidades, fortalecer mercados de trabajo formales y garantizar justicia y seguridad para todos.