La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada y garantizar la transparencia en la asignación de recursos públicos a organizaciones civiles, tras escuchar de estos organismos quejas por concentración de poder en la Secretaría de Igualdad e Inclusión que ha generado discrecionalidad y dudas en el ejercicio de los recursos disponibles.

“El gobierno estatal habla de su compromiso con la sociedad civil, pero mantiene un sistema que no es lo suficientemente transparente donde una sola secretaría decide quién recibe recursos, sin convocatorias o reglas de operación consensadas con las propias organizaciones y criterios poco alcanzables. Esto no fomenta la participación de la sociedad civil, sino que genera rechazo y dudas porque se siente como un sistema de compadrazgos o amiguismos institucionalizado”, explicó la coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”.

La legisladora señaló que la Ley vigente, promulgada en 2022, concentra excesivas atribuciones en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a diferencia de otras secretarías estatales, lo que hace que actúe como juez y parte al emitir los dictámenes viabilidad de asignación de recursos, al definir las reglas de operación y seleccionar representantes ciudadanos sin procesos abiertos. “Tenemos una ley que, en lugar de empoderar a las organizaciones, las ha convertido en dependientes de los criterios internos de un solo funcionario”, explicó Montalvo.

La reforma propone seis ejes que incluyen la desconcentración del poder de la Secretaría, la obligatoriedad de convocatorias públicas anuales, la elaboración participativa de reglas de operación y la designación de representantes ciudadanos mediante procesos abiertos convocados por el Congreso del Estado, similar a lo que se hace en otros organismos con representación de la sociedad civil, como la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad.

“Actualmente los recursos para organizaciones civiles se asignan en un proceso que ellas mismas consideran poco fiable, sin saber en su totalidad cuales son los criterios para que unos reciban y otros no. Con esta reforma, cada peso público tendrá que justificarse con transparencia y mediante convocatorias en la que todas las organizaciones puedan colaborar, participar y al final puedan consultar”, afirmó la diputada.

Montalvo destacó que la iniciativa responde a las demandas de las propias organizaciones, que han denunciado la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. “Cada año ven cómo se incrementa el presupuesto para este rubro, pero una parte importante no se ejerce y nadie explica por qué. Por ello, incluimos la presentación de informes trimestrales obligatorios sobre estos recursos específicos”, sentenció.

La reforma también establece que el Congreso del Estado será la autoridad competente para emitir la convocatoria para designar a los ciudadanos que integren el Consejo Técnico, órgano colegiado de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, fortaleciendo así el principio de división de poderes y buscando terminar con la discrecionalidad.

“Esta reforma más que algo técnico, es una cuestión de justicia democrática. Las organizaciones civiles merecen igualdad de condiciones para acceder a recursos públicos que provienen de los impuestos de todas y todos los ciudadanos, no depender de si son ‘amigos’ del funcionario en turno”, finalizó Montalvo, haciendo un llamado a sus compañeros diputados para aprobar una iniciativa que “devolverá la confianza en la relación entre gobierno y sociedad civil”.

Los seis ejes que le dan fundamento a la reforma

·        Menos poder para la Secretaría. Ya no una sola dependencia decidirá quién recibe recursos. Los dictámenes serán revisados por el Comité Técnico con participación de las OSC del Registro Estatal.

·        Convocatorias públicas obligatorias. Todos los apoyos deberán publicarse en convocatorias abiertas con criterios claros que fomenten la participación de todas las OSC.

·        Reglas hechas entre todos. Las organizaciones civiles del Registro Estatal participarán en crear las reglas de operación, no las impondrá solo el gobierno.

·        Representantes elegidos por convocatoria. Los ciudadanos que se integran al Consejo Técnico serán seleccionados por convocatoria abierta del Congreso del Estado y designados por este.

·        Ejercicio completo y eficiente del presupuesto. Obligación de publicar trimestralmente en qué se gasta el presupuesto y justificar si no se usa.

·        Facultades del Congreso en integración ciudadana: Se reconoce al Congreso del Estado como autoridad competente para emitir convocatorias y designar a los ciudadanos que integren el Consejo Técnico, fortaleciendo el principio de división de poderes y la participación legislativa en el fomento a la sociedad civil.