Gerardo Guerrero

Lo que comenzó como una promesa para consagrar el acceso al agua como derecho humano ha derivado en un debate legislativo profundo y convulsivo: la iniciativa que busca expedir la Ley General de Aguas fue formalmente publicada el 9 de octubre, pero en las semanas siguientes abrió un proceso de audiencias públicas que dejó en claro que la letra propuesta y sus efectos prácticos aún pueden cambiar. El proyecto del Ejecutivo plantea un replanteamiento amplio del régimen hídrico: reconoce al agua como bien público estratégico, prioriza el uso doméstico y propone un nuevo marco normativo que sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, a medida que la iniciativa se desmenuzó en los foros organizados por la Cámara de Diputados —más de 400 aportaciones y la instalación de grupos de trabajo regionales— surgieron inquietudes puntuales que transformaron la discusión técnica en un debate político de gran alcance. En el centro del conflicto están las reglas sobre concesiones: la iniciativa incorpora mecanismos para la revisión de títulos, plantea la reversión de volúmenes no utilizados y condiciona derechos a criterios de “destinación efectiva”. Para campesinos, ejidatarios ypequeños usuarios, esa redacción suena a amenaza: pone en juego inversiones hechas en pozos, bombas y sistemas de riego y deja abierta la posibilidad de revocación es administrativas. Para la autoridad, esas herramientas son necesarias para evitar el acaparamiento y priorizar el consumo humano. El choque entre seguridad jurídica y rectoría estatal se volvió, desde entonces, el eje del diálogo.Otro punto sensible es el Registro Nacional del Agua (RENA) propuesto: más que una actualización registral, el RENA actuaría como un filtro que condiciona la vigencia de derechos. Los expertos han advertido que, si la operativa del registro no contempla salvaguardas y plazos razonables, errores administrativos o demoras podrían traducirse en suspensiones de derechos para comunidades y usuarios vulnerables. Esa alarma fue una de las que motivó la realización de foros regionales y la petición de enmiendas técnicas por parte de organizaciones civiles. A la par, la iniciativa tocó la esfera institucional: propone cambios en las atribuciones de los organismos de cuenca y concentra en CONAGUA amplias facultades de otorgamiento, supervisión y sanción. Diputados y analistas han señalado la necesidad de evitar “conflictos de interés” y de introducir mecanismos de revisión independientes que impidan que la misma autoridad sea juez y parte en los procesos que afecten a los concesionarios. Estas observaciones se volvieron recurrentes durante las audiencias. Las audiencias públicas concluyeron hace apenas días con un inventario de propuestas (más de 400) que abarcan desde la exigencia de definiciones jurídicas precisas hasta la solicitud de consulta previa para pueblos indígenas y cláusulas de protección patrimonial cuando las concesiones impliquen inversiones acreditadas. Ante ese cúmulo de críticas y propuestas, los coordinadores parlamentarios han reconocido que la iniciativa será modificada: “no habrá una coma que no se revise”, dijo uno de los líderes legislativos, adelantando cambios en concesiones, transmisiones y sanciones. Esa disposición a enmendar el proyecto convierte la iniciativa en un texto en movimiento: no es una ley ya dictaminada, sino un borrador en proceso de pulido. Quedan, por tanto, dos certezas políticas: la primera, que existe voluntad formal para norma el derecho humano al agua; la segunda, que la forma concreta del instrumento legal aún depende de múltiples ajustes técnicos y políticos. Sobre la mesa seguirán pendientes decisiones claves: cómo se definen “uso indebido” y “destinación efectiva”; cómo operará el Registro Nacional del Agua sin convertir errores administrativos en pérdida de derechos; qué límites y salvaguardas se imponen a la reversión de concesiones; y cómo se garantiza la consulta y protección de pueblos y ejidos. En un país con sequías recurrentes, acuíferos sobreexplotados y tensiones por el uso del agua, la ambición de una ley más protectora es legítima. Pero el desafío es técnico y político: si la norma no remata sus definiciones, establece procedimientos de defensa mínimos y prevé mecanismos de compensación y supervisión imparcial, corre el riesgo de transformar una conquista constitucional en una fuente de inseguridad jurídica para millones. Hoy la discusión sigue abierta; lo que se aprobó en octubre es el inicio de un proceso que —si la Cámara de Diputados lo hace bien— puede madurar hasta producir una ley que combine rectoría estatal, protección de derechos y certezas para quienes dependen del agua.