— Ante el problema de las tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal de agua potable, con penas que van desde los 4 hasta los 10 años de prisión.
La legisladora busca combatir con firmeza el llamado “aguachicoleo” —la extracción y venta ilegal del vital líquido—, así como las más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, que además de afectar el suministro, dañan la infraestructura y puede llegar a encarecer el servicio para todos los usuarios legales.
“Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado. Mientras miles de familias cumplen con su pago y sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con un recurso que es de todos. Esto debe parar ya y ser sancionado”, declaró Montalvo Adame.
La iniciativa se alinea con esfuerzos legislativos como en el Estado de México y propuestas a nivel federal, y propone la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal del Estado. Este nuevo delito sancionaría tres conductas específicas: sustraer agua de la red de distribución, alterar la infraestructura hidráulica para obtenerla y realizar conexiones irregulares.
“La crisis hídrica de 2022 nos dejó bien claro que cada gota cuenta. Estas tomas ilegales detectadas por Agua y Drenaje además de robar agua, también dañan tuberías, provocan fugas masivas y dejan sin presión a colonias enteras. Esto afecta a las familias. Es un crimen contra el patrimonio público y contra el derecho humano de acceso al agua potable”, explicó la diputada.
La reforma establece sanciones escalonadas y proporcionales:
 Pena base: De 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular.
 Agravante por lucro: La pena se eleva a de 6 a 10 años si el agua robada se destina a comercialización masiva a través de pipas o cisternas (“aguachicoleo”).
 Agravante por daño: La pena aumenta hasta en la mitad si la acción causa daños a la infraestructura que abastece a un centro de población.
 Agravante por servidor público: Si participa un funcionario, la pena se incrementa aún más y se aplica destitución e inhabilitación.
“Queremos mandar un mensaje claro, que lucrar con el agua de los nuevoleoneses tendrá consecuencias severas. No debe existir un mercado negro que explota la necesidad de la gente”, afirmó Montalvo.
Sin embargo, la iniciativa también contiene un criterio de justicia y equidad. Establece que, si la conducta es por primera vez y exclusivamente para el consumo doméstico de una familia en su vivienda, la pena será significativamente menor (solo de 6 meses a un año), pero se deberá privilegiar el acuerdo reparatorio y la regularización.
“Esta ley no busca criminalizar a aquellas familias que, en una situación de extrema necesidad, hacen una toma para sobrevivir. Lo que buscamos es castigar al que roba a gran escala para vender y enriquecerse, o a las empresas que se conectan a escondidas para evitar pagar el agua. La diferencia en las penas refleja esa justicia”, aclaró la legisladora.
Finalmente, Montalvo hizo un llamado al Congreso: “La seguridad en el acceso al agua es seguridad estatal. Necesitamos esta herramienta legal para proteger un recurso cada vez más escaso y para defender a los ciudadanos que sí cumplen. Aprobar esta reforma es dar un paso firme hacia la justicia hídrica y fortalecer el Estado de Derecho en Nuevo León”.