
Monterrey. – Un Juez Federal otorgó una suspensión condicionada por 18 meses al proceso legal en contra de la ahora ex secretaria de Desarrollo humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón y dos acusados más, quienes están en prisión preventiva desde el pasado 1 de marzo acusados por el senador de Morena, Waldo Fernández, por el delito de extorsión y falsedad de declaraciones.
De esta manera, los tres recuperan su libertad durante el transcurso del jueves, tras el papeleo de rigor.
En la audiencia celebrado este jueves llegaron a un acuerdo en cinco puntos, en donde los tres firmaron cartas en las que ofrecen disculpas al político y a su familia, tras de que lo habían acusado de abuso sexual durante las campañas del 2024 en que Barrón perales también contendió por la senaduría contra Fernández.
El Juez accedió al acuerdo que incluye el pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño que se hará en pagos mensuales de 179 mil pesos, a partir del 30 de marzo próximo, dinero que, según el legislador, se donará a causas de beneficencia.
El acuerdo incluye que la ex funcionaria no tenga contacto con el senador y los participantes en el caso, no hablar públicamente ni con medios informativos, además de tener una residencia fija.
Asimismo, deberán abstenerse de participar en cargos públicos y tendrán que encabezar una campaña de conciencia en contra de denuncias falsas.
Además de Barrón Perales, los otros dos acusados son Deborah Velazco y el abogado Gustavo García, y todos, deberán realizar 30 horas de trabajo social y publicar 5 spots donde hagan campaña en contra de las denuncias falsas.
Se fijó como fecha de audiencia para la revisión del cumplimiento del acuerdo reparatorio el 13 de octubre de 2027 a las 10:00 horas, en tanto el
Juez, recomendó a la Fiscalía de Nuevo León trabajar en un protocolo de prevención para la recepción de denuncias falsas.
En la próxima audiencia, de no existir alguna razón en contra, se otorgaría el perdón y se cerraría el caso, pero, se advirtió que, de incumplirse el trato se revocará la suspensión y se reiniciará el juicio.
El 2 de marzo pasado la entonces funcionaria de Monterrey fue imputada por delitos de extorsión y falsedad de declaración en perjuicio del Senador Waldo Fernández