Por Gerardo Guerrero<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9xico vive una crisis de desapariciones que, lejos de aminorar, se expande y profundiza en cada rinc\u00f3n del pa\u00eds, mientras las instituciones encargadas de prevenirla, investigar la y atenderla se fracturan bajo la presi\u00f3n de reformas aceleradas, narrativas oficiales que minimizan el fen\u00f3meno y una impunidad que, m\u00e1s que circunstancial, aparece como una constante estructural. En este escenario, la reciente activaci\u00f3n del art\u00edculo 34 de la Convenci\u00f3n Internacional contra las Desapariciones Forzadas \u2014un mecanismo excepcional reservado para situaciones de extrema gravedad\u2014 ha colocado al pa\u00eds bajo el escrutinio directo del Comit\u00e9 de la ONU. Esta decisi\u00f3n fue anunciada al cerrar su 28\u00b0 per\u00edodo de sesiones, y fue tomada por consenso del Comit\u00e9. Amnist\u00eda Internacional, en un informe remitido al organismo, advierte que las desapariciones en M\u00e9xico no solo son generalizadas: muestran indicios concordantes de sistematicidad que podr\u00edan configurar cr\u00edmenes de lesa humanidad. La magnitud del fen\u00f3meno es contundente. El Registro Nacional reporta 133,101 personas desaparecidas y no localizadas, cifra que contin\u00faa en ascenso y refleja un deterioro acelerado respecto a a\u00f1os recientes. A esta crisis humana la acompa\u00f1a otra igualmente devastadora: m\u00e1s de 72,100 cuerpos sin identificar y 5,696 fosas clandestinas localizadas, un retrato brutal de un pa\u00eds donde la muerte y la ausencia conviven con la opacidad y la desmemoria oficial. Jalisco, Estado de M\u00e9xico, Tamaulipas, Nuevo Le\u00f3n y Veracruz concentran las cifras m\u00e1s elevadas, y siete entidades re\u00fanen el 71% de los cuerpos no identificados, evidencia de un patr\u00f3n nacional que no distingue regi\u00f3n, gobierno ni territorio. Frente a estos datos, la respuesta gubernamental ha sido ambigua: mientras organismos internacionales y nacionales han se\u00f1alado insistentemente la posible participaci\u00f3n de agentes del Estado \u2014ya sea de manera directa o mediante connivencia, aquiescencia o tolerancia\u2014,la narrativa oficial insiste en reducir la responsabilidad \u00fanicamente al crimen organizado. Amnist\u00eda Internacional subraya que esta postura simplifica un fen\u00f3meno complejo donde polic\u00edas municipales, estatales y federales han sido se\u00f1alados en diferentes investigaciones, aveces actuando por cuenta propia, otras en colaboraci\u00f3n con grupos criminales. Diversos informes de la CIDH, el Comit\u00e9 de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas coinciden en que la frontera entre crimen organizado y autoridad se difumina en muchos casos, revelando patrones que no son producto del azar, sino de pr\u00e1cticas que se repiten, se consolidan y producen un efecto de terror colectivo. Los patrones son reconocibles: detenciones ilegales, entregas de personas a grupos criminales, uso de veh\u00edculos y recursos oficiales, ejecuciones, descuartizamientos, quema de cuerpos, disoluci\u00f3n en sustancias qu\u00edmicas y enterramientos clandestinos que coinciden en modus operandi a lo largo del pa\u00eds. El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitl\u00e1n, Jalisco, expuesto como un centro de reclutamiento forzado donde operaban expolic\u00edas \u2014incluido un exjefe municipal\u2014, es apenas una pieza visible de un rompecabezas mayor que muestra colusi\u00f3n, omisiones deliberadas y un desd\u00e9n institucional que hiere doblemente a las v\u00edctimas. La impunidad, por su parte, alcanza niveles abrumadores: 99.6% entre 2019 y 2022. Los n\u00fameros son elocuentes: apenas unas decenas de sentencias por desaparici\u00f3n forzada a nivel federal, y poco m\u00e1s de trescientas a nivel estatal en casi una d\u00e9cada. Amnist\u00eda Internacionalsostiene que esta impunidad no es exclusivamente un problema de capacidad, sino unaimpunidad \u201cactiva\u201d, reproducida mediante alteraci\u00f3n de escenas del crimen, intimidaci\u00f3n av\u00edctimas y testigos, siembra de evidencia falsa y resistencia institucional a investigar acuerpos de seguridad o redes de narco-pol\u00edtica. La sombra de Ayotzinapa, con los hallazgos del GIEI sobre colusi\u00f3n y encubrimiento, sobrevuela inevitablemente este an\u00e1lisis.En medio de esta crisis, el andamiaje institucional que deber\u00eda servir de contrapeso atraviesauna erosi\u00f3n acelerada. La elecci\u00f3n popular de jueces y magistrados, los cambios a la Ley deAmparo que impiden impugnar reformas constitucionales, la desaparici\u00f3n del INAI y la militarizaci\u00f3n formal de la Guardia Nacional son elementos que, en conjunto, configuran undebilitamiento profundo de los mecanismos de control democr\u00e1tico. Amnist\u00eda Internacional advierte que estas modificaciones no solo afectan la independencia judicial o el acceso a la informaci\u00f3n: impactan directamente la posibilidad de investigar desapariciones, enfrentar la colusi\u00f3n criminal y garantizar los derechos de las v\u00edctimas. Mientras tanto, quienes han sostenido la b\u00fasqueda durante a\u00f1os \u2014las familias, y en particular miles de mujeres buscadoras\u2014 viven una desprotecci\u00f3n alarmante. Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 testimonios de m\u00e1s de 600 mujeres que enfrentan amenazas, ataques, asesinatos,desapariciones, extorsiones y estigmatizaci\u00f3n, muchas veces provenientes de las mismas autoridades llamadas a protegerlas. Algunas fueron asesinadas tras denunciar amenazas, despu\u00e9s del hallazgo de fosas o al se\u00f1alar p\u00fablicamente omisiones institucionales. La falta de coordinaci\u00f3n entre comisiones de b\u00fasqueda y fiscal\u00edas, sumada a la ausencia de una pol\u00edtica integral de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n, agrava un panorama ya de por s\u00ed devastador. Frente a este contexto, Amnist\u00eda Internacional concluye que M\u00e9xico vive una crisis que no puede seguir neg\u00e1ndose. No basta con contabilizar cifras: es necesario reconocer que lasdesapariciones son generalizadas, que podr\u00edan ser sistem\u00e1ticas y que la falta de informaci\u00f3n oficial desagregada impide comprender la dimensi\u00f3n completa del fen\u00f3meno. La organizaci\u00f3n urge al Estado a aceptar asistencia t\u00e9cnica internacional, fortalecer la independencia de las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia, garantizar medidas contundentes de prevenci\u00f3n y reducir las desapariciones a niveles previos a 2024 como se\u00f1al m\u00ednima de reversi\u00f3n de la tendencia actual. Asimismo, exige que se reconozca el papel insustituible de las familias y se garantice su protecci\u00f3n, participaci\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n en todas las etapas del proceso. La activaci\u00f3n del art\u00edculo 34 no solo representa un llamado de alerta: es un recordatorio de que la comunidad internacional observa con preocupaci\u00f3n una tragedia humana que no sedetiene. M\u00e9xico se encuentra ante una oportunidad \u2014tal vez la \u00faltima en este ciclo hist\u00f3rico\u2014 para enfrentar de ra\u00edz la crisis, romper el c\u00edrculo de impunidad y restituir la dignidad de quienes han sido desaparecidos y de quienes los buscan. Reparar, reconocer y actuar ya no es una opci\u00f3n: es una obligaci\u00f3n impostergable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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