El diputado federal Rub\u00e9n Moreira Valdez present\u00f3 una iniciativa para garantizar una pensi\u00f3n digna a las viudas y hu\u00e9rfanos de personas fallecidas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado, con el objetivo de asegurar su subsistencia y desarrollo, evitando que la tragedia se traduzca en pobreza y exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El legislador del PRI puntualiz\u00f3 que la propuesta establece que dicha pensi\u00f3n no podr\u00e1 ser inferior al salario m\u00ednimo mensual vigente y deber\u00e1 constituirse como un derecho permanente, exigible y ajeno a la discrecionalidad administrativa. Para su implementaci\u00f3n, dijo, se plantea la creaci\u00f3n del Fondo Nacional de Pensiones para V\u00edctimas de la Violencia, el cual ser\u00e1 administrado por la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEAV).<\/p>\n\n\n\n
El coordinador parlamentario precis\u00f3 que este fondo se integrar\u00e1 con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones, bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta iniciativa busca evitar que la violencia genere una segunda v\u00edctima: la supervivencia de los hogares. No se trata de asistencialismo, sino de justicia constitucional\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Rub\u00e9n Moreira argument\u00f3 que el proyecto de ley responde a una crisis de violencia que impacta profundamente a las familias mexicanas. Refiri\u00f3 que en 2024, M\u00e9xico registr\u00f3 33 mil 241 homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes; adem\u00e1s, 23.1 millones de personas fueron v\u00edctimas de alg\u00fan delito, mientras que el 93.2 por ciento de estos no se denunci\u00f3 o no deriv\u00f3 en investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstas cifras reflejan que la violencia no s\u00f3lo cobra vidas, sino que desarticula familias enteras, dejando a miles de hogares en condiciones de vulnerabilidad econ\u00f3mica y social\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El coahuilense explic\u00f3 que, adem\u00e1s, el modelo actual de atenci\u00f3n a v\u00edctimas resulta insuficiente, ya que depende de mecanismos de reparaci\u00f3n del da\u00f1o sujetos a disponibilidad presupuestaria. Record\u00f3 que en 2020 se elimin\u00f3 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral, lo que debilit\u00f3 la capacidad del Estado para responder a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
Advirti\u00f3 que la p\u00e9rdida del sost\u00e9n econ\u00f3mico del hogar, sumada al impacto emocional, genera condiciones de precariedad que derivan en abandono escolar, trabajo infantil y ciclos de exclusi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, la iniciativa que adiciona el art\u00edculo 4\u00ba constitucional para reconocer el derecho de las viudas y hu\u00e9rfanos a recibir una pensi\u00f3n digna, contempla un r\u00e9gimen transitorio donde el Congreso contar\u00e1 con 90 d\u00edas, desde la entrada en vigor de la reforma, para realizar las adecuaciones a la legislaci\u00f3n secundaria, y la CEAV tendr\u00e1 180 d\u00edas para constituir y poner en operaci\u00f3n el Fondo Nacional de Pensiones para V\u00edctimas de la Violencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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