Por Rodin
Resulta preocupante que, cuando falta poco m\u00e1s de un mes para que comience formalmente el proceso electoral 2026-2027, la presidenta del organismo encargado de organizar las elecciones locales en Nuevo Le\u00f3n advierta que no cuenta con una partida espec\u00edfica para cumplir con esa responsabilidad.
Beatriz Camacho, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participaci\u00f3n Ciudadana de Nuevo Le\u00f3n, inform\u00f3 que el organismo trabaja bajo una reconducci\u00f3n presupuestal y que necesita entre mil 200 y mil 400 millones de pesos para sacar adelante la pr\u00f3xima elecci\u00f3n.
La declaraci\u00f3n no puede pasar como una noticia m\u00e1s. En 2027 elegiremos gobernador, alcaldes y diputados locales. Est\u00e1 en juego la renovaci\u00f3n del poder p\u00fablico en Nuevo Le\u00f3n y, por lo tanto, la estabilidad pol\u00edtica del estado.
Organizar una elecci\u00f3n cuesta dinero. Se requieren locales, equipos, personal capacitado, sistemas inform\u00e1ticos, documentaci\u00f3n, urnas, mamparas y vigilancia. Tambi\u00e9n deber\u00e1n instalarse las 51 comisiones municipales electorales y realizarse los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Nada de eso puede improvisarse unas semanas antes de acudir a las urnas.
Por eso surge una pregunta inevitable: \u00bfc\u00f3mo llegamos hasta este momento sin que el organismo electoral tenga asegurados los recursos que necesita? Las elecciones de 2027 no aparecieron de repente en el calendario. Desde hace a\u00f1os se conoce la fecha y se sab\u00eda que durante 2026 comenzar\u00edan los preparativos. El propio Consejo General determin\u00f3 que el proceso electoral local iniciar\u00e1 el 6 de octubre de este a\u00f1o.
Durante los \u00faltimos meses, la presidenta del Instituto ya hab\u00eda advertido que necesitaba recursos adicionales. En mayo se\u00f1al\u00f3 que requer\u00eda una ampliaci\u00f3n de 125 millones de pesos para instalar las comisiones electorales de los 51 municipios. Si la advertencia se hizo con anticipaci\u00f3n, corresponde explicar qu\u00e9 respuesta dio el Gobierno estatal y qu\u00e9 acciones emprendi\u00f3 el Congreso.
No se trata de entregar un cheque en blanco. El Instituto debe presentar un presupuesto detallado y justificar cada peso solicitado. La autonom\u00eda electoral tampoco significa ausencia de vigilancia. La ciudadan\u00eda tiene derecho a conocer cu\u00e1nto costar\u00e1 la elecci\u00f3n, en qu\u00e9 se gastar\u00e1 el dinero y por qu\u00e9 la cantidad requerida ha cambiado con el paso de los meses.
Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta dejar al organismo sin los recursos indispensables. El dinero destinado a organizar una elecci\u00f3n no pertenece a su presidenta ni a los consejeros. Es dinero necesario para garantizar que los ciudadanos puedan votar y que su voluntad sea respetada.
Todo indica que una parte importante de la responsabilidad recae en el gobernador Samuel Garc\u00eda. Para 2026, el Ejecutivo present\u00f3 su propuesta presupuestal dentro del plazo legal; sin embargo, el mandatario decidi\u00f3 no publicar el presupuesto aprobado por el Congreso y posteriormente lo vet\u00f3, dejando al Estado bajo una reconducci\u00f3n basada en las cantidades de 2025. En cuanto al Presupuesto de 2027, el plazo para presentarlo todav\u00eda no vence, pero eso no resuelve la necesidad inmediata del organismo electoral, pues los trabajos del proceso comenzar\u00e1n en octubre de 2026. Corresponde al Gobierno estatal garantizar desde ahora los recursos necesarios y presentar para 2027 una propuesta suficiente, razonada y transparente.
Ante esta falta de acuerdos y de recursos oportunos, comienza a crecer una percepci\u00f3n inquietante: que alguien pretende enturbiar desde ahora el proceso electoral de 2027. No podemos afirmarlo sin pruebas, pero la sola sospecha deber\u00eda preocupar a todas las fuerzas pol\u00edticas. La incertidumbre presupuestal puede debilitar la confianza ciudadana antes de que comiencen las campa\u00f1as y provocar dudas sobre la imparcialidad y la capacidad de la autoridad electoral.
La consejera presidenta debe hablar con claridad y explicar cu\u00e1nto solicit\u00f3 el Instituto, cu\u00e1nto se le autoriz\u00f3, cu\u00e1nto ha recibido, cu\u00e1nto falta por entregar y cu\u00e1l es la fecha l\u00edmite para disponer de esos recursos. Una advertencia de esta importancia no puede quedarse en una declaraci\u00f3n general.
Ser\u00eda lamentable que un estado con la capacidad econ\u00f3mica de Nuevo Le\u00f3n llegara a una de las elecciones m\u00e1s importantes de los \u00faltimos tiempos en medio de dudas sobre su organizaci\u00f3n. Recursos existen; lo que parece faltar es acuerdo, planeaci\u00f3n y voluntad para establecer prioridades.
Cuando el dinero destinado a organizar los comicios queda sujeto a promesas, negociaciones de \u00faltima hora o c\u00e1lculos partidistas, no solamente se pone en riesgo a una instituci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la certeza del voto de todos los nuevoleoneses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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