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Monterrey, N. L.- La Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Le\u00f3n\nemiti\u00f3 recomendaciones, una dirigida al municipio de Guadalupe por actos de\ntortura y dos al de Monterrey, por trasgresi\u00f3n al derecho a la protecci\u00f3n de\nlas personas adultas mayores y al derecho a la seguridad, as\u00ed como al uso\nindebido de la fuerza.<\/p>\n\n\n\n
En la dirigida a la presidenta municipal de Guadalupe, Cristina D\u00edaz\nSalazar, se acredit\u00f3 violaciones de los derechos humanos de una persona\ndetenida, por parte de polic\u00edas locales, a quien, mientras se encontraba\nesposada de ambas mu\u00f1ecas de sus brazos, fue v\u00edctima de tortura.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, se determin\u00f3, a trav\u00e9s del Centro de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas,\nque a la v\u00edctima se le caus\u00f3 da\u00f1os psicol\u00f3gicos y f\u00edsicos, que incluso\nrepercutieron en la movilidad de una de sus manos.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, se recomend\u00f3, entre otros puntos, brindar tratamiento\nm\u00e9dico y psicol\u00f3gico que requiera la v\u00edctima; colaborar con la Fiscal\u00eda en la\ninvestigaci\u00f3n correspondiente respecto a la responsabilidad penal de la polic\u00eda\ninvolucrada; iniciar la investigaci\u00f3n de manera pronta e imparcial de los actos\nconstitutivos de tortura, para deslindar responsabilidades administrativas de\nla polic\u00eda que intervino y capacitar al personal policial en materia de\nderechos humanos, con \u00e9nfasis en la prohibici\u00f3n de la tortura.<\/p>\n\n\n\n
Otras recomendaciones enviadas al alcalde de Monterrey, Adri\u00e1n de la\nGarza, indican en una primera haberse acreditado violaciones a los derechos humanos\nde dos personas adultas mayores, quienes, en dos eventos por separado, fueron\nagredidas por personal de la secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica y Vialidad,\ncaus\u00e1ndoles lesiones f\u00edsicas, derivadas del exceso y desproporcional uso de la\nfuerza policial.<\/p>\n\n\n\n
Como puntos recomendatorios, se solicit\u00f3 la cobertura de los gastos\nm\u00e9dicos de las v\u00edctimas; poner a su disposici\u00f3n el tratamiento m\u00e9dico y\npsicol\u00f3gico que requieran; deslindar responsabilidades administrativas del\npersonal de la secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica y Vialidad; y coadyuvar con las\ninvestigaciones que lleva a cabo la Fiscal\u00eda, respecto a la responsabilidad\npenal que pudiera resultar.<\/p>\n\n\n\n
En la segunda, se concluy\u00f3 que se puso en riesgo la seguridad ciudadana\nde varias personas en un espacio p\u00fablico, lo anterior derivado de una\ninvestigaci\u00f3n de oficio que se inici\u00f3 ante la publicaci\u00f3n de un video donde se\napreci\u00f3 a un polic\u00eda que actuaba con exceso de uso de la fuerza, as\u00ed como\nmanejo de arma de fuego en un lugar concurrido, durante una detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se recomend\u00f3 deslindar las responsabilidades administrativas del\npersonal de la secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica y Vialidad; garantizar la\nintegridad de las personas no involucradas en las acciones policiales en\nespacios p\u00fablicos concurridos; revisi\u00f3n de las competencias b\u00e1sicas del\npersonal policial, en espec\u00edfico al manejo de armamento; y continuar con las\nactividades necesarias para la aplicaci\u00f3n debida del protocolo de uso leg\u00edtimo\nde la fuerza policial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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