Dallas/Agencias.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicó ayer una serie de documentos públicos que revelan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtuvo acceso a una amplia base de datos de vigilancia para rastrear a inmigrantes.
Los registros solicitados en mayo de 2018 a través de la ley de acceso a la información, también revelan que policías locales han compartido la ubicación de los residentes con los agentes de ICE, a veces en violación directa de las leyes locales de privacidad o las políticas de las ciudades santuario. “Es espantoso que ICE haya agregado esta base de datos de vigilancia masiva a su arsenal, y que las agencias locales de aplicación de la ley y las compañías privadas estén ayudando a la agencia en sus esfuerzos de vigilancia”, dijo en un comunicado Vasudha Talla, abogada de la ACLU del norte de California.
Más de 80 agencias locales de más de una docena de estados, han acordado compartir información con ICE. La mayoría de ellas están en Texas: aparecen las policías de Dallas, Frisco, Westover Hills, Austin, College Station, Dickinson, Midlothian, Nacogdoches Conroe y Burleson. También las oficinas del sheriff en los condados de Rockwall, Harris, Travis, Liberty, Orange, Fayette, Reeves y Williamson, así como la ciudad de Vidor, cerca de Beaumont. Después de Texas, siguen las agencias de otros estados como California, Georgia, New Jersey y Connecticut. Los registros muestran que más de 9,000 agentes de ICE tienen acceso a una vasta base de datos de lectores de matrículas automatizada administrada por una compañía llamada Vigilant Solutions bajo un contrato de $6.1 millones que se hizo público el año pasado.
La base de datos de Vigilant Solutions permite a la agencia identificar las ubicaciones de conductores, información recopilada por empresas privadas como compañías de seguros y estacionamientos. Los agentes de ICE también pueden acceder a 1,500 millones de registros adicionales recopilados por las agencias de aplicación de la ley. Y los correos electrónicos muestran que la policía local entrega información del conductor a ICE de manera informal. La ACLU y las organizaciones asociadas están pidiendo a la policía que deje de compartir estos datos. “Cuando la policía local y los alguaciles comparten la información confidencial de sus residentes con ICE, hacen que todos los miembros de la comunidad sean menos seguros”, dijo en un comunicado Daniel Peñaloza, un activista de la organización CHIRLA que lucha por los derechos de los inmigrantes. “Hoy instamos a las comunidades a que se nieguen a darle a ICE una hoja de ruta que se puede usar para invadir vecindarios y separar a las familias”