mar. Jun 23rd, 2026

Monterrey, – El Gobernador de Nuevo León, Samuel García no se presentó ante los diputados a la cita para su defensa sobre una demanda de juicio político en su contra, en cambio, envió un escrito “en rebeldía”, además de solicitar un abogado de oficio.
La Comisión Anticorrupción dio entrada al escrito “ad cautelam” y en “rebeldía” del Ejecutivo en la sesión de este martes en que estaba citado para que diera un informe sobre las acusaciones de una presunta triangulación de recursos público al despacho particular de su padre y hermano en la que también es socio.
La Diputada Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción informó a los integrantes que el escrito del Gobernador se recibió a las 11:41 horas y que consta de 248 páginas.
Ante la prensa, la legisladora comentó que Samuel García presentó el escrito en “rebeldía” y que incluso, señala que podría interponer denuncias penales contra la promovente del juicio, Anabel Alcocer, presidenta estatal de Morena y algunos funcionarios, lo que es grave, pues implica una amenaza, añadió.
Destaca que el Gobernador no hace una defensa con relación a las triangulaciones de recursos por las que se le acusa y se limita a tratar de desvirtuar el juicio y a exponer el por qué no está de acuerdo con éste.
“El Gobernador presenta su escrito, así como él lo maneja, en rebeldía, bajo protesta y ad cautelam, con motivo de la temeraria, así lo señala infundada y oscura, denuncia presentada por la ciudadana Anabel Alcocer”, informa Serrato.
Asimismo, Samuel García solicita la designación de un abogado defensor público, es decir, del Instituto de la Defensoría Pública, para que lo defienda; sin embargo, la legisladora dice que, habría que ver si este le puede asignar a uno considerando que éstos apoyan a ciudadanos que carecer de recursos para pagar un defensor, no a un servidor público.
La Comisión Anticorrupción se declaró en permanente para reanudar la sesión el viernes a las 9:30 horas, y votar el acuerdo para el inicio de la etapa de investigaciones en las que prevé solicitar información a las empresas señaladas en la denuncia de triangulación de recursos.

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