Walter Elizondo

Monterrey -Jaime Rodríguez “El Bronco”, estará  resguardado en un penal estatal hasta que un Juez decida su situación jurídica, por presuntos delitos electorales. 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jaime Helidoro “N”, dictada por un Juez de Control y de Juicio Oral del Estado, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales.

El ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.”, explicó la dependencia.

“Permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Se continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos legales, añadió. 

El primer gobernador independiente (2015-2021) fue detenido cuando circulaba por una carretera tras salir de un rancho en el municipio de General Terán, unos 90 kilómetros al sur de Monterrey. Posteriormente fue trasladado al Cereso 2 de Apodaca, al norte de la zona metropolitana.

Al filo de las 15:45 horas fue ingresado al Penal 2 de Apodaca a bordo de un Charger blanco con placas SSL126A, escoltado por otra unidad similar y dos granaderas de Fuerza Civil. Previamente había estado en la Agencia Estatal de Investigaciones donde llegó a las 13:40 tras su detención. 

Cuando era Senador, Samuel García y la entonces diputada local Mariela Saldívar denunciaron penalmente a Rodríguez Calderón por  desvío de recursos al utilizar más de 500 burócratas estatales para recolectar firmas para el registro del Bronco como candidato a la presidencia de la República en 2018.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió Rodríguez Calderón y su entonces secretario general de Gobierno, Manuel González. 

En esa ocasión, se ordenó al Congreso de Nuevo León que aplicará las sanciones necesarias por utilizar  572 funcionarios para recolectar firmas para la candidatura independiente del mandatario. 

Las sanciones fueron votadas por la  mayoría de los legisladores quienes apoyaron aplicar una sanción directa, en lugar de un juicio político.

Por estos hechos fueron cesados del gobierno 11 servidores públicos, un director, una coordinadora de Área, tres agentes del Ministerio Público, dos agentes ministeriales, un perito, un auxiliar de investigación y un asistente. 

El gobernador Samuel García fijó su postura, aunque sin citar el nombre de su antecesor: “Somos un gobierno incorruptible, quien la hizo la paga. Quién robó, o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, o a campañas van a ir a la cárcel”, dijo.

En el Congreso Local, los diputados de todos los partidos coincidieron en que debe integrarse muy bien la carpeta para evitar que se les caiga y salga libre Rodríguez Calderón.