Teresa Sepúlveda
En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que la ministra Norma Piña tuvo un encuentro con jueces y magistradas y magistrados donde les recordó que en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial de la Federación. Estas palabras llaman la atención, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la atacara recientemente por presuntamente descuidar la “vigilancia” a los jueces.
La ministra Piña solicitó a los juzgadores que tengan prudenciaen sus resoluciones, sin que se confunda con cobardía, y señaló que su actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de su función.
Como se recordará la semana pasada AMLO dijo: “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes” lo cual causó una avalancha de críticas por parte de la oposición al mandatario. Lo acusaron incluso de ser responsable de una amenaza de muerte que surgió en las redes contra la ministra por lo que llamaron “su discurso de odio”.
“Esos que pusieron el mensaje, en una de ésas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano” les respondió AMLO.
Pero más allá de los dimes y diretes les quiero hablar de la resolución de muchos casos emblemáticos, que han causado gran malestar. Uno muy sonado fue el hecho de que se descongelaran las cuentas de Cristina Pereyra, esposa del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna declarado culpable en una corte de Brooklyn por 5 delitos relacionados con narcotráfico.
El 21 de febrero fue dado a conocer el fallo y en él se especificó que el dictamen provino del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México. Otro caso que llama la atención es el del juez federal del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de TamaulipasFaustino Gutiérrez, quien canceló la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien estaba acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
A los casos antes señalados se suman que el 12 de noviembre de 2022 el juez de distrito especializado del Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, liberó a Mario Alberto “N”, líder regional del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En tanto que el 11 de noviembre pasado, fue absuelta por el juez Daniel Ramírez Peñadel Tribunal de Enjuiciamiento en el Edomex con sede en Almoloya Leticia “N” ex elemento de la extinta Policía Federal y presunta líder del Cártel de Cancún en tanto que su hijo José Rafael “N”, quedó absuelto el 19 de enero y la juez primera de distrito en Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongoabsolvió a Ramón Ángelprocesado por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud entre otros casos.
No dudo que haya muchos jueces justos e íntegros, pero tampoco dudo que hay muchos que responden a intereses económicos y políticos; por lo tanto, se requiere hacer una limpia y revisión de cada uno de ellos y sus resoluciones.
¡Claro que tenemos que ventilar estos temas!, porque es evidente que algo anda mal en el sistema de justicia en nuestro país y debe corregirse, pero el buen juez por su casa empieza, y es importante que el poder ejecutivo haga lo propio, pues casos como Segalmex donde se usó la identidad de una ama de casa para crear una empresa «fantasma» que firmó un convenio por 465 millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar que jamás se entregaron deben esclarecerse y donde la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la dependencia otorgó 797 millones de pesos (mdp) a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol, entre otras cosas, de tal suerte que este 2023, Segalmex y sus filiales Diconsa y Liconsa suman irregularidades por 15,311 mdp desde 2019.
No podría estar más de acuerdo con el llamado que hace la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, quien demanda a los juzgadores del país a ser guardianes de la Constitución. “Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad”. Porque sí, presidente, “La ley es la ley” y es para todos.