A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a los padres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que fueron asesinados por elementos del Ejército hace nueve años a las puertas de esa institución durante un enfrentamiento entre soldados e integrantes de la delincuencia organizada.

A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida sus hijos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del ejército mexicano”, dijo la ministra. “Les ofrezco la disculpa pública por el daño. Eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios”, añadió en el evento realizado en el Auditorio Luis Elizondo del campus regiomontano.

“Por mi conducto, el Estado Mexicano hace el compromiso de garantizar de la reparación del daño que provocaron las autoridades el 19 de marzo de 2010 e implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron los derechos humanos no vuelvan a sucedes a ni otra persona en el país”.

Sánchez Cordero refirió a los resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso y en el que se determinó el uso arbitrario de la fuerza por parte de elementos de Ejercito mexicano en perjuicio de los jóvenes y de la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y de la sociedad en general. “Se puso en grave riesgo la vida de muchas personas que circulaban en estos momentos (el 19 de marzo de 2010) por esas áreas”.

La titular de Gobernación habló sobre la violación al principio de legalidad y a la seguridad, por la manipulación del lugar de los hechos y por la posición de los cuerpos sin vida de los jóvenes a los que les colocaron armas.

“La violación al derecho a la justicia y a la verdad, falta de voluntad para acceder a los expedientes de parte de la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León y de la entonces Procuraduría General de la República, situación que constituye una grave falta en el desempeño de los funcionarios público responsables en relación al respeto de derecho humanos”, comentó.

Reiteró que en esta nueva etapa del país la defensa y promoción de derecho humanos, es prioridad tanto en política interior como exterior por lo que se garantiza el derecho a la denuncia, a la verdad y a la justicia. “Se debe hacer efectiva la reparación del daño a víctimas y hacer posible la no repetición de estos lamentables hechos”.

Hizo un reconocimiento a los padres de los muchachos por reivindicar memoria de sus hijos y se comprometió a redoblar esfuerzos, a capacitar a los elementos de fuerzas armadas en materia de derechos humanos y a trabajar para que se   garantice el acceso a la justicia, para que todos los ciudadanos y víctimas del delito reciban trato respetuoso y digno.

En tanto, Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, aseguró que los hechos del 19 de marzo del 2010 son un capítulo doloroso en la historia de la universidad privada. “Ha sido uno de los eventos más dolorosos en los 75 años de existencia en el Tecnológico de Monterrey. Se trataba de la vida de dos muchachos ejemplares que a sus 23 y 24 años, se preparaban para ser personas que mejoraran el país”, dijo.

En el evento se presentó el documental “Hasta los dientes”, que retrata el caso y la violencia institucional que vivieron las familias de las víctimas.