El presidente de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, se opondrá a la extradición por recomendación de sus abogados, informó Francisco Orduña, director corporativo de Comunicación Social de AHMSA.
“Nunca había habido un caso tan turbio como el de las autoridades mexicanas contra Altos Hornos de México y su dueño”, sostuvo el vocero, luego de que el martes se cumplimentó una orden de aprehensión en Mallorca, España, contra Ancira.
El dueño de AHMSA, de 67 años de edad, declaró este miércoles desde los juzgados de Palma de Mallorca, ciudad donde fue detenido cuando se disponía a abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.
El dueño de AHMSA, de 67 años de edad, declaró este miércoles desde los juzgados de Palma de Mallorca, ciudad donde fue detenido cuando se disponía a abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó declaración a Ancira por videoconferencia y decretó prisión provisional hasta que se produzca la extradición porque consideraba que exige el riesgo de que se fugue.
Alonso Ancira estará en prisión preventiva en Madrid a la espera de que las autoridades españolas confirmen su extradición a su país, un proceso que podría durar varias semanas, según explicaron fuentes judiciales locales.
En presencia de su abogado, negó las acusaciones de blanqueo y malversación que pesan en su contra por la presunta venta irregular de una planta fertilizante a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013, cuando era dirigida por Emilio Lozoya Austin. Esa operación habría ocasionado a Pemex una grave pérdida patrimonial.
El empresario mexicano también es acusado de su presunta vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex.
La última palabra la tiene el gobierno español, que reunido en Consejo de Ministros, decidirá sobre la petición de la fiscalía mexicana en un plazo máximo de 40 días.
El siguiente paso en el camino a la extradición de Ancira será una vista en la Audiencia Nacional, en la cual tendrá que declarar si está conforme con su entrega a las autoridades mexicanas. Un formalismo que exige la ley.