Jessica Leal

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León revocó la reserva de información del contrato relacionado con la compra de la aeronave no tripulada, dron, y ordenó a las autoridades estatales publicarla en su portal oficial y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Se revoca la reserva que invocó el sujeto obligado para efectos de que se elabore una versión pública del contrato, si se recuerda, el sujeto obligado clasificó como reservado el contrato derivado de la adjudicación, es toda una serie de información dentro del documento que se publicó en el sitio de internet y en la plataforma”, explicó Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente.

“Lo que estamos haciendo nosotros es revocar esa clasificación para que se abra de manera íntegra y en lo que refiere a los anexos que también estaban reservados se está ordenando que realice una versión pública”.

La instrucción es para que la secretaría de Administración y para la secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León publiquen cierta información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“En lo que se refiere a la secretaría de Administración se está ordenando, por parte del Pleno, que se publique en el portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia el contrato derivado de la adquisición de la aeronave no tripulada de forma íntegra, es decir, sin testar”, explicó Sierra Gómez.

“La cual debe contener el nombre del contrato, el nombre del proveedor, la razón social, los nombres de los servidores públicos y domicilios, entre otra información”.

En lo que respecta al anexo 1 del contrato se ordena realizar una versión pública del mismo, sobre las especificaciones técnicas del aparato llamado dron, ya que esa información está publicada en la página del proveedor y en las redes sociales del propio sujeto obligado.

“En el caso del expediente derivado de todo este proceso de adjudicación directa se está ordenando, también, que se realice una versión pública del mismo, para que en el caso de que posteriormente se presente una solicitud información se entregue al particular que la requiera”, dijo.

Por su parte, a la secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se le ordenó hacer una versión pública de la información con la que cuenta respecto a la adquisición de la aeronave, toda vez que de su contenido se vierte información confidencial.

“Que se elabore el acuerdo de confidencialidad respectivo en base a los lineamientos que se exponen en la propia resolución”, agregó.

“Se les está otorgando un plazo de cinco días hábiles, a partir de que se notifique por parte del Pleno de la resolución para su cumplimiento”.

El Comisionado Presidente informó que si el sujeto obligado incumple con la resolución emitida por COTAI se aplicará una amonestación pública, pero una vez agotado el procedimiento y la autoridad desacata la instrucción, la ley establece una sanción económica de 500 a 800 cuotas, la cual podría alcanzar los 67 mil 500 pesos.

El dron fue adquirido en abril pasado en 54 millones de pesos y después de tres meses de estar en una bodega salió a un operativo y se accidentó.