A fin de mejorar la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, y para robustecer más las propuestas de reforma promovidas por  Liz Sánchez, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), y por la diputada Karina Barrón Perales de Movimiento Ciudadano, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

El Presidente de esta Comisión, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que esta mesa de trabajo versó sobre las propuestas de reforma a dicha Ley, teniendo ambas iniciativas el fin de brindar un espacio de protección más amplio a los derechos de las víctimas en la entidad.

Agregó, que a raíz de las observaciones que se le hagan llegar a la Comisión tras los trabajos llevados en esta mesa, se dictaminará un solo proyecto de reforma de esta Ley, dicha por todos los presentes, necesaria para los neoloneses. 

Se puntualizó que en el proyecto que resulte, se garantizará en todo momento la aplicación de los principios en materia de derechos humanos a que las autoridades del Estado Mexicano están obligadas. Se espera que en un plazo de 15 días se cuente con el dictamen final para que sea aprobado en Comisión y posteriormente  votado en el Pleno.

“Se respetarán la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es prioritario para esta Comisión el que nuestra entidad cuente siempre con la legislación más amplia en la materia”, dijo Colosio riojas.

Algunos aspectos que contempla la reforma son:

Se establece la obligación de la reparación integral del daño como un objeto de la ley y se garantiza tal derecho y se fija  el daño psicológico. 

Se amplía la definición de declaratoria de ausencia por desaparición y  la definición de víctima. 

Se deroga la figura de víctima potencial, dejando así la figura de víctima en general a todas las personas por igual. 

Se agrega el concepto de derecho internacional, se armoniza con la Ley General, se introduce el concepto de interés superior de la niñez, así como el trato humano a las víctimas.  

Además se otorga la libertad a la víctima de elegir la institución que les brindará las medidas que contempla la ley a fin de evitar hechos revictimizantes y se adicionan más grupos vulnerables al catálogo contemplado en la ley. 

Agrega como servicio específico los de interrupción del embarazo cuando las leyes lo permitan, define el daño moral y otorga  atención psiquiátrica ya que solo se contemplaba la psicológica. 

Asimismo,  prohíbe a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el negar la atención a estas.