Por Mariana Martell (La Crónica de Hoy)
Giovana Cruz Hernández y su esposo Mario Alberto Reyes, acusados de la desaparición y muerte de la niña Fátima, fueron capturados ayer en el poblado de La Palma, en el municipio de Isidro Favela, en Estado de México.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la captura se realizó con ayuda de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Edomex en colaboración con elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Informo que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México”, publicó la mandataria en su cuenta de twitter.
De manera extraoficial se indicó que el arresto de dio gracias a una denuncia ciudadana; incluso, se dijo que desde las 15:00 horas de ayer las autoridades usaron drones para la localización de las dos personas.
Mencionar que la captura la hicieron elementos de la Guardia Nacional, por lo que es a ellos a quienes les corresponde presentarlos al Ministerio Público.
Por la mañana la Fiscalía capitalina solicitó órdenes de aprehensión Giovana y Mario, de los cuales se encontraron identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales, tras el cateo realizado en la casa donde se presume que mantuvieron secuestrada a la menor de 7 años, en la Colonia San Felipe, Alcaldía Xochimilco.
“Derivado de lo anterior fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a la niña, así como la de un hombre que podría estar relacionado con los hechos”, dijo Ulises Lara, vocero de la dependencia.
Se supo también que ambos son esposos y que tienen dos hijos, uno de siete años.
Ulises Lara comentó que la Fiscalía Antisecuestros (FAS) judicializaría la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño.
Añadió que se pedirá la colaboración de las instituciones necesarias para activar alertas migratorias y evitar la fuga de los probables responsables.
Por el delito del que son acusados, añadió Lara López, podrían enfrentar una pena -en caso de encontrarse culpables- de 80 a 100 años de prisión, conforme al código penal vigente.