Por Mario D. Camarillo (La Crónica de Hoy)

Los jueces federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa, suspendieron indefinidamente y con efectos generales la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, por lo que se debe aplicar la legislación vigente antes de la reforma aprobada por el Congreso hace unas semanas y publicada el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los magistrados de los juzgados Segundo y Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, respectivamente, concedieron las suspensiones indefinidas contra la polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar las reglas del mercado, con el objetivo de beneficiar a Petróleos Mexicanos y restringir la participación de la iniciativa privada.

Cinco titulares de permisos solicitaron la suspensión indefinida, pero esta se aplicará de manera general a todas las empresas del sector que reclaman contra el estatuto publicado el pasado 4 de mayo.

El juez Gómez Fierro apuntó en sus argumentos que “debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las que promovieron el amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, señaló.

En el mismo tenor, refirió que las reformas podrían abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo cual implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector.

En tanto, el juez De la Peza indicó que la controversial reforma genera un cambio imprevisible e intempestivo contra los inversionistas privados, por lo que “existe la posibilidad de que la parte quejosa demuestre que es contrario al texto constitucional, que Pemex recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional”, indicó.