Por Pedro García
El problema del Transporte ha vuelto a tocar las puertas de las instituciones. También llamada Movilidad, la transportación es ya un problemón, como una gran bola de nieve creada por la falta de soluciones modernas, de fondo, debido a la carencia de liderazgo gubernamental donde rigen las competencias del sector.
El sector es el ojo de un tremendo conflicto que tiene que ver con los intereses económicos de la población usuaria, determinados por el nivel de ingresos y las necesidades de rentabilidad y financiamiento de los prestadores de los servicios (camiones y taxis).
Actualmente, hay un rechazo a cualquier propuesta de aumento en las tarifas derivado de la incompetencia de las instituciones rectoras, es decir, el gobierno estatal y el Consejo del Transporte, para tomar decisiones puntuales, oportunas, considerando las condiciones de las partes interesadas: usuarios y prestadores.
Hace unas horas, los transportistas de la CROC han puesto para el estudio en el Congreso local un pliego de propuestas presentado por el dirigente Osvaldo Serna Servín en donde enfatiza aspectos de ingresos y problemas financieros de los camioneros y taxistas, que deben ser solucionados en beneficio de la viabilidad, la supervivencia del ramo.
Llama la atención el caso concreto del padecimiento, por ejemplo, de las rutas coordinadas a Metrorrey que sufren la descapitalización debido a que la empresa del Gobierno mantiene en rezago la entrega, el reporte, de más de 800 mil pesos, en este momento, por concepto de tarifas ya devengadas y que, sin embargo, siguen atesoradas en dicha paraestatal en detrimento de los camioneros.
Osvaldo Serna argumenta que los 800 mil pesos corresponden a pasajes ya pagados por los usuarios a los que ya se les ha servido con la transportación, empero, Metrorrey está en moratoria inexplicable.
Expone que es un flujo que ya está en las arcas de Metrorrey que sigue con oídos sordos a la demanda de los camioneros para que les entregue el monto. Esta situación, abunda, afecta la capitalización de los transportistas necesitados de recursos para pagar salarios y los combustibles y refacciones. En tanto, dice, el gobierno y la Dirección del Transporte exigen calidad en el servicio, lo cual se cubre con grandes dificultades financieras.
A ello se agrega un ambiente del pago de multas onerosas, servicios de hospedaje en los corralones privados, refrendos y demás, que tienen que ver con el Transporte, cuyo estudio también se propone en el pliego de propuestas, para que sean reducidas o, de plano, cancelar algunos de esos gastos.
Por nuestra parte, estimamos que el gobierno que encabezará Samuel García ya debería contar con una agenda en materia de Transporte que incluya soluciones de amortiguamiento del conflicto por un probable alza en las tarifas con gestiones financieras de alto rango para preservar el transporte y/o diseñar un plan estatal de subsidios a los pasajeros para asimilar un aumento, así como un esquema de apoyo federal a los camioneros y taxistas vía subsidio en los precios de los combustibles con un efecto de disminución de los costos de operación, si se llega al acuerdo de mantener las tarifas como están.
Otra gestión gubernamental sería el de buscar financiamiento en instituciones internacionales con créditos blandos a los transportistas para la renovación del parque vehicular toda vez de la descapitalización que hay en el sector por la reducción de usuarios durante toda la pandemia que ha causado, incluso, la desaparición de algunas rutas.