De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio de esperanza de vida de un negocio recién formado en México no pasa de los 15 años. Parte de las complicaciones de constituir una empresa en este país recae en la pantanosa y extendida burocracia necesaria para arrancar un proyecto de manera legal.
Estos problemas se antojan todavía peores para las startups, por un lado porque están peleando contra reloj—en la medida que el ecosistema de sus industrias es de alta competencia y una innovación debe posicionarse rápidamente—, y por el otro, porque al ser proyectos de nueva creación generalmente se encuentran sin la capacidad operativa necesaria para realizar todos los trámites que solicita la autoridad.
De acuerdo con Ignacio Bermúdez Casco, Head of Product y Co-founder en Tally, una plataforma de Legaltech que ayuda a las empresas a realizar de forma rápida y sencilla todos los trámites para su constitución, “los emprendedores, en particular los más nuevos, frecuentemente se ven afectados por la cantidad de burocracia que deben sortear. La gran mayoría desconoce los aspectos legales que implica la constitución de una empresa, a pesar de lo importante que son estos requisitos. Se enfocan en desarrollar, perfeccionar y vender su productos, tiene sentido que no cuenten con el tiempo o conocimiento necesarios para aspectos más específicos”.
El especialista en derecho agrega que en México, la falta de implementación de tecnología para hacer más eficientes los trámites ha generado que históricamente estos procesos sean lentos y engorrosos. “El resultado es que muchas veces las empresas pierden capital de riesgo u oportunidades de coyuntura para lanzar sus productos y servicios, mientras esperan la conclusión de un trámite”.
En papel y en teoría, no es tan difícil crear un negocio en México, pues el proceso consiste en seis pasos.
Sin embargo, el exceso de burocracia y de documentación a presentar hace que cada paso del proceso sea todo un reto. La mayoría de las veces se requiere de idas y venidas, tiempos de espera que pueden alcanzar los tres meses para cada parte del proceso, así como riesgos de enfrentar corrupción de parte de servidores públicos.