De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún

Los tres tienen un pasado similar y un futuro halagüeño, que les permite afrontarlo con mayor tranquilidad.

El paro de trabajadores del Poder Judicial les beneficia y les abre el camino hacia un escaño y la protección del fuero por seis años.

Y es que en México es sumamente difícil que se actúe en contra de un legislador, sin importar las denuncias que tenga, pues no les gusta el enfado que representa el desafuero y las consecuencias negativas que deja, tanto en el sentimiento de sus pares como en el ánimo del elector.

Es cierto se han dado casos de desafuero en el México moderno, dos de ellos de escándalo, por los personajes que fueron desaforados y otros menores de mayores consecuencias por lo que implicaba.

Los legisladores priistas que constituían la LII legislatura procedieron en contra de un miembro de su bancada en el Senado de la República, Jorge Díaz Serrano, en lo que se catalogó como venganza política del gobierno de Miguel de la Madrid.

Director de PEMEX en los tiempos de uno de los gobiernos de mayor corrupción (equiparable al de Enrique Peña Nieto) Díaz Serrano fue uno de los “sacrificados” por su cercanía con el Presidente López Portillo. Se le desaforó, procesó y encarceló.

Otro más, el del hoy Presidente López Obrador. Se actuó en consecuencia a su desafuero, ante el desacato de devolución de un predio expropiado. Con ello se intentaba frenar la inminente candidatura de AMLO a la Presidencia de la República.

Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal por Hidalgo fue desaforado, para enfrentar cargos por estar involucrado en un accidente de tránsito en el que perdió la vida un joven de 21 años al incendiarse el vehículo contra el que el diputado federal minutos antes se había impactado con su camioneta.

Saúl Huerta, diputado federal por Puebla también afrontó el desafuero por corrupción de menores y sigue preso.

Pocos han sido los casos de desafuero de legisladores y, en su caso, uno de gobernante por un asunto menor.

En los casos actuales de Ricardo Anaya, Miguel Ángel Yunes y Javier Corral, las cosas son diferentes y a menos de dos semanas que asuman su encargo de senadores, jalan la atención para saber si actuará la autoridad o los dejará llegar al Legislativo, con lo que procederán a tener fuero y ver las cosas de otra manera.

Las tres acusaciones están encuadradas dentro del rubro de venganzas políticas y se duda pasen más allá del escándalo que han generado.

Anaya es el que tiene las denuncias más añejas, ya que desde el gobierno de Peña Nieto se le intentó frenar su participación como candidato presidencial del PAN. En 2018 lo acusaron de lavado de dinero y tráfico de influencia. El caso Lozoya lo puso nuevamente en la mira de las autoridades, por un supuesto soborno de 6.8 millones de dólares. Las acusaciones se mantienen en el limbo y no se sabe si serán activadas nuevamente.

Miguel Ángel Yunes Márquez, es acusado de la comisión de los delitos de fraude procesal y falsificación de documentos mientras que su hermano Fernando tiene carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto desvío de recursos cuando fue alcalde de Veracruz, en casos considerados como vendetta del gobernador Cuitláhuac García en contra de los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares.

Javier Corral Jurado fue gobernador con sello panista y hoy es simpatizante de MORENA, por lo que hicieron candidato al Senado y se creyó pudiera sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum, cosa que no sucedió. Corral Jurado renunció al PAN y mantiene un enfrentamiento con la gobernadora Maru Campos, ya que él trató de impedir su nominación acusándola de corrupción y ahora le responde con una averiguación de desvío por 98 millones de pesos en su ejercicio como gobernador, en lo que el propio Corral considera venganza política.
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