Por Gerardo Guerrero

La estabilidad de una nación se asienta sobre la fortaleza de sus instituciones, y en el caso de una república, el Poder Judicial es el pilar que sostiene la legalidad y la equidad. Cualquier intento por alterar su estructura debe ser analizado con suma cautela, pues no solo pone en riesgo la justicia, sino que también amenaza la confianza del pueblo en el sistema que debería proteger sus derechos y libertades.

Una reforma judicial, propuesta bajo el pretexto de mejorar el acceso a la justicia, puede en realidad, esconder una intención más oscura: el debilitamiento de la autonomía judicial para consolidar poder en manos del ejecutivo. Este movimiento no solo trastoca el delicado equilibrio que sostiene nuestra democracia, sino que también lanza una señal alarmante al mundo: la legalidad en México está en peligro.

Las instituciones no son solo estructuras externas, son también representaciones simbólicas de la confianza y la seguridad de una sociedad. Cuando estas instituciones se perciben como corruptibles o manipulables, el sentido de seguridad se desvanece, y en su lugar crece la desconfianza y el descontento social. Esta reforma, lejos de fortalecer el sistema, erosiona la percepción pública de la imparcialidad del Poder Judicial, una percepción que es crucial para la estabilidad y la cohesión social.

La erosión de la confianza en las instituciones judiciales puede llevar a una crisis de legitimidad, donde los ciudadanos dejan de creer en la justicia que se les ofrece, abriendo la puerta a la anomia social y el caos. El liderazgo que no entiende esta dinámica subestima los riesgos de la inestabilidad y sobreestima el control que cree tener.

Para la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la tentación de consolidar poder mediante la manipulación del Poder Judicial puede parecer, en el corto plazo, una estrategia efectiva. Sin embargo, en el largo plazo, es una espada de doble filo. Un liderazgo genuino no se forja debilitando las instituciones, sino fortaleciéndolas, porque en su robustez reside la verdadera seguridad del Estado. Cuando una líder toma decisiones que socavan las bases de la justicia, no solo arriesga su mandato, sino el futuro de toda una nación.

La percepción internacional también juega un papel crucial. Los inversionistas y aliados internacionales observan con detenimiento cualquier movimiento que pueda comprometer la estabilidad institucional de un país. Un sistema judicial que parece manipulado es un sistema que pierde su autoridad moral, y con ello, el atractivo para la inversión extranjera y la cooperación global. Esto podría llevar a México a un aislamiento peligroso en un mundo donde la cooperación y las alianzas son fundamentales para el desarrollo y la prosperidad.

La reforma judicial propuesta es, por tanto, no solo una cuestión de política interna, sino un desafío existencial para la democracia y la estabilidad de México. Es imperativo recordar que la verdadera fuerza de una nación no se mide por el control que su líder ejerce sobre las instituciones, sino por la confianza que esas instituciones inspiran en su pueblo y en la comunidad internacional. El camino hacia un futuro próspero y estable pasa por el fortalecimiento del Poder Judicial, no por su debilitamiento. Esta es una lección que la historia ha enseñado repetidamente, y que ignorarla podría tener consecuencias graves e irreversibles.

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