Por Gerardo Guerrero

El Índice Global de Estado de Derecho 2024 presenta un diagnóstico devastador sobre la situación actual en México: el país ocupa el puesto 118 de 142 países evaluados, lo cual representa una caída de dos posiciones respecto al año anterior. México se encuentra en una crisis institucional sin precedentes, un contexto que afecta todos los niveles de la vida pública y de los derechos de sus ciudadanos. En el fondo de esta crisis se encuentran elementos complejos y multifacéticos como la corrupción sistémica, la falta de independencia judicial, el debilitamiento de las instituciones, y la creciente inseguridad y violencia. Estos factores han sumido a la nación en una situación en la que los cimientos democráticos y los derechos básicos están cada vez más erosionados.

El Estado de Derecho en peligro: Control del Poder Judicial por el Ejecutivo

Uno de los problemas más críticos que enfrenta el Estado de Derecho en México es la pérdida de independencia del poder judicial, que ha pasado a estar bajo la creciente influencia del poder Ejecutivo. En los últimos años, ha habido una reestructuración del sistema judicial con el reemplazo de jueces y magistrados en posiciones clave por funcionarios afines al partido oficial. Esta subordinación del poder judicial no solo compromete la capacidad de justicia imparcial, sino que también desmantela los mecanismos de control y balance necesarios en una democracia funcional.

El puesto 105 que ocupa México en “Límites al poder gubernamental” en el índice de Estado de Derecho 2024 refleja este preocupante panorama. La división de poderes, uno de los principios fundamentales de cualquier democracia, se ha debilitado, generando un sistema donde el Ejecutivo ha asumido un rol hegemónico, limitando la capacidad de los otros poderes para actuar como contrapesos efectivos. Este desequilibrio no solo debilita la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones judiciales, sino que también facilita la impunidad, ya que quienes tienen el control del gobierno también controlan, directa o indirectamente, los procesos judiciales en su contra. Esta situación permite que los casos de corrupción o violación de derechos humanos que involucran a altos funcionarios y sus aliados se vean obstaculizados, dilatados o incluso archivados.

Corrupción sistémica: El obstáculo permanente de la Gobernabilidad en México

La corrupción en México ha alcanzado niveles alarmantes, ubicando al país en el puesto 135 en “Ausencia de corrupción”. La corrupción es una de las problemáticas más arraigadas y es, al mismo tiempo, una de las más difíciles de erradicar. Esta práctica está profundamente enraizada en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal, y afecta tanto a las esferas más altas del poder como a las interacciones cotidianas entre ciudadanos y funcionarios públicos.

La corrupción en México no se limita a la apropiación indebida de recursos; se extiende a una amplia red de nepotismo, clientelismo y redes de influencia que aseguran la perpetuación de estos problemas. La opacidad en la administración de los recursos públicos y la falta de rendición de cuentas son comunes. Como resultado, los fondos destinados a programas de infraestructura, salud y educación son frecuentemente desviados para beneficio privado. En muchos casos, las asignaciones de contratos públicos responden a favores políticos en lugar de cumplir con estándares de transparencia y competitividad.

Esta situación no solo afecta la economía y la eficiencia de los servicios públicos, sino que también mina profundamente la confianza de la ciudadanía en el sistema de gobierno. Cuando los ciudadanos perciben que las autoridades están al servicio de intereses personales en lugar del bien común, se incrementa el escepticismo hacia las instituciones y la resignación frente a la posibilidad de un cambio positivo. Esta falta de credibilidad institucional afecta directamente la cohesión social, al tiempo que fortalece un círculo vicioso en el que los ciudadanos, al perder la fe en los sistemas de justicia y de control, se sienten cada vez más desencantados con el sistema político en su conjunto.

Inseguridad y violencia: Una sociedad sumida en el miedo

México ocupa el puesto 133 en “Orden y seguridad”, reflejando una realidad donde la violencia y el crimen organizado son factores constantes y decisivos en la vida diaria. Los niveles de violencia en el país han alcanzado proporciones sin precedentes, en gran parte debido al poder e influencia de organizaciones criminales que operan con relativa impunidad. Este clima de inseguridad no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que limita sus libertades, obstaculiza su desarrollo personal y colectivo, y coarta las oportunidades de crecimiento.

La falta de seguridad se manifiesta en forma de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y robos, entre otros delitos graves. Las bandas criminales, que en muchas zonas operan como un gobierno paralelo, imponen sus propias reglas y castigos, dejando a la población civil en un estado de constante vulnerabilidad. La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y, en muchos casos, incapaz de contener el avance de estas organizaciones. Esta falta de eficacia genera un ciclo de impunidad en el cual los ciudadanos no solo temen por sus vidas, sino que también pierden la confianza en que el Estado pueda protegerlos.

El costo de esta violencia es incalculable y afecta la vida diaria de millones de personas. Económicamente, las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se ven disuadidas de invertir en el país debido a los altos niveles de riesgo. En un contexto de violencia e inestabilidad, las pequeñas y medianas empresas también se ven gravemente afectadas, ya que muchas son extorsionadas o amenazadas, limitando sus oportunidades de crecimiento y estabilidad.

Justicia Civil y Penal: Una estructura disfuncional y marcada por la impunidad

El sistema de justicia en México presenta serios problemas, lo cual se refleja en su posición en el índice: puesto 131 en “Justicia civil” y 134 en “Justicia penal”. Ambos sistemas presentan deficiencias estructurales que van desde la burocracia excesiva hasta la falta de personal capacitado y recursos materiales para procesar los casos de manera eficiente. Estas limitaciones afectan directamente el acceso a la justicia de la mayoría de los ciudadanos, especialmente de aquellos que no tienen los medios económicos para costear abogados privados.

La impunidad es un problema endémico en México. Según diversas organizaciones, se estima que más del 90% de los delitos no son denunciados o no llegan a juicio, y entre los casos que sí se investigan, la mayoría queda sin resolución. La falta de una respuesta judicial rápida y efectiva envía un mensaje claro a la sociedad: los criminales pueden operar sin temor a represalias. Este fenómeno no solo afecta a quienes han sido víctimas de delitos, sino que desmoraliza a la sociedad en general, generando una percepción de indefensión que socava los principios básicos de justicia y equidad.

Además, el acceso a la justicia es desigual. Las personas con bajos recursos enfrentan mayores obstáculos para recibir un trato justo, ya que deben depender de defensores públicos que a menudo están sobrecargados de trabajo y cuentan con recursos limitados. La falta de apoyo y de incentivos para mejorar el sistema de defensoría pública perpetúa una situación en la que la justicia no está garantizada para todos, sino solo para aquellos que pueden permitirse pagarla.

Consecuencias económicas y sociales: Un país desigual y en crisis

La crisis del Estado de Derecho en México tiene consecuencias directas sobre el desarrollo económico y social del país. La falta de seguridad, la corrupción y la poca confianza en el sistema de justicia desmotivan la inversión extranjera directa, que es fundamental para el crecimiento económico. En un país donde los riesgos de inseguridad y corrupción son altos, las empresas prefieren evitar inversiones de gran escala o desisten de instalarse en ciertas regiones, lo cual limita la creación de empleos y afecta la competitividad del país.

Socialmente, los efectos de la crisis del Estado de Derecho son devastadores. La violencia generalizada, la falta de acceso a la justicia y la corrupción en el uso de los recursos públicos impactan negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos, generando un ambiente de desesperanza y frustración. La creciente desigualdad, producto de un sistema que no ofrece oportunidades equitativas para todos, aumenta las tensiones sociales y fortalece un ciclo de pobreza y marginación en sectores vulnerables de la población.

La recuperación del Estado de Derecho: Un desafío urgente y complejo

La restauración del Estado de Derecho en México es un desafío colosal que requiere un cambio profundo y un compromiso genuino de todos los actores políticos y sociales. Las reformas superficiales no son suficientes para revertir una crisis de esta magnitud. México necesita reconstruir su sistema de justicia, devolviéndole la independencia y la capacidad de actuar de manera imparcial, así como establecer sistemas efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

Es fundamental que el poder judicial recupere su autonomía para actuar como un contrapeso efectivo frente al poder Ejecutivo. También es crucial implementar mecanismos de combate a la corrupción que no solo castiguen a los infractores, sino que prevengan la proliferación de prácticas corruptas. De igual forma, es necesario mejorar la seguridad en el país a través de una estrategia integral que incluya desde el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad hasta la creación de programas de prevención y desarrollo social en comunidades vulnerables.

La crisis en México no solo es una crisis de Estado, sino también una crisis de valores y de comprensión del verdadero significado del Estado de Derecho. La ley no debe ser vista como una herramienta para el control o el beneficio de una élite, sino como la base sobre la cual se construye una sociedad equitativa y justa. Superar esta crisis requerirá de un esfuerzo conjunto, de una voluntad política firme y de una ciudadanía informada y activa que exija el respeto a sus derechos. Sólo entonces podrá México avanzar hacia un futuro donde el Estado de Derecho sea una realidad tangible y no un ideal inalcanzable.

Comparte ahora mismo Deja tu comentario