La localización de artículos personales y restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, ha generado una justificada indignación entre los colectivos de búsqueda y la sociedad. Estos hallazgos no son nuevos; han sido denunciados durante más de una década sin que las autoridades hayan actuado con la contundencia necesaria para evitar su repetición.

Desde CADHAC, nos solidarizamos con las familias en duelo y con todo México, un país herido por esta crisis humanitaria. Pero el luto no puede ser el destino final de estas tragedias; debe ser el inicio de acciones concretas para erradicar esta práctica sistemática.


Uno de los mayores retos en estos hallazgos es la identificación de los restos humanos, ya que los familiares de las personas desaparecidas no siempre viven en la entidad donde se encuentran los cuerpos. Para ello, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas mandata desde 2018 la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Sin embargo, su implementación ha sido postergada sistemáticamente y, en 2022, un juez ordenó su operación en un plazo de 40 días, sin que hasta la fecha funcione plenamente. Muchas familias aún desconocen su existencia o enfrentan obstáculos para acceder a él, lo que limita su efectividad en la identificación forense.

En Nuevo León, a pesar de contar con tecnología avanzada para la identificación forense, esta no ha sido suficiente debido a la degradación extrema de los restos altamente calcinados y de tamaño reducido. A esto se suma la falta de voluntad política a nivel nacional para asignar el presupuesto necesario y coordinar estrategias entre estados, impidiendo un trabajo forense efectivo.

La localización de fosas clandestinas y restos humanos no es un hecho aislado, es una crisis que permea a todo el país evidenciando la inacción del Estado y la impunidad con la que operan estos centros de exterminio. La omisión de las autoridades perpetúa estos crímenes, mientras las familias siguen siendo las únicas que buscan la verdad.

Este problema requiere acciones urgentes y la participación del Estado, la sociedad y, sobre todo, las familias que han sostenido esta lucha durante años. Es una obligación del Estado garantizar la identificación de las víctimas y el funcionamiento pleno del BNDF, con voluntad política para colaborar y compartir información, como herramienta clave contra la impunidad y la corrupción.

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas y sus familias que ya debe ser saldada. La indignación ante la existencia de fosas clandestinas y hornos crematorios en México no basta: urgen acciones concretas, urgen respuestas, urgen verdad y justicia.