Con la finalidad de regular la micromovilidad de vehículos eléctricos, como bicicletas y patinetas, y coadyuvar a la seguridad de los usuarios la diputada del Partido Acción Nacional Aile Tamez De la Paz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León.
La micromovilidad, destacó la legisladora, representa una forma innovadora y alternativa de transporte, su mayor atractivo radica en que promueve la sostenibilidad, ofrece flexibilidad, tiene un bajo impacto ecológico y resulta costo-efectiva, además, puede contribuir significativamente a reducir la dependencia del uso del automóvil para recorridos de corta distancia.
Tamez De la Paz, señaló que si bien la ley establece que las bicicletas eléctricas y de propulsión humana y patinetas eléctricas utilizadas como servicio público de traslado de personas deben contar con un permiso del Comité Técnico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, es necesario adicionar medidas para seguridad de los usuarios.
“Los beneficios de la micromovilidad son especialmente relevantes para las ciudades de Nuevo León, y en particular para Monterrey, que será una de las sedes del Mundial 2026.
“A medida que las ciudades crecen y los costos de mantener un vehículo particular aumentan, sin mencionar las deficiencias del transporte público, la micromovilidad se presenta como una solución viable para reducir la congestión vehicular y los problemas medioambientales”, manifestó Tamez De la Paz.
En la propuesta de reforma a la ley se establece que los vehículos deberán de contar con un seguro, sistemas de geolocalización y contar con los permisos municipales para su operación y referir el mínimo y máximo de unidades a operar.
Cada unidad deberán de contar con luces delanteras y traseras, un adecuado sistema de frenos, número de identificación y un regulador de la velocidad máxima en que pueda desplazarse.
Los operadores serán responsables de garantizar que los vehículos se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, y se retiren inmediatamente de la vía pública si presentan daños o defectos que pongan en peligro la integridad de los usuarios.
En la propuesta de reforma a la ley se establece que los operadores contarán con 24 horas para retirar los vehículos reportados como defectuosos, dañados o mal estacionados, entre otros cambios.