Luz María Ortiz Quintos
Cuando hablamos de que es tiempo de las mujeres, podemos referirnos a la Ley de Paridad de Género en México, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos. Esta ley establece que al menos el 50 % de los puestos de elección popular y de toma de decisiones deben ser ocupados por mujeres, y se extiende a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— así como a los órganos autónomos. Este marco quedó consolidado con las reformas constitucionales de 2019, que buscaron garantizar una representación equitativa “en todo”.
Dicho avance legal, impulsado y vigilado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido fundamental para obligar a los partidos políticos a postular candidaturas paritarias y para sancionar la violencia política en razón de género. Con estas reformas, la paridad se elevó a principio constitucional, con el propósito de asegurar la igualdad sustantiva y la plena participación política de las mujeres, no solo en las candidaturas, sino también en la integración de los poderes federales, estatales y municipales, así como de los órganos autónomos. Este marco jurídico también se encuentra respaldado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que refuerzan la obligación del Estado de garantizar condiciones reales de igualdad. En teoría, el procedimiento es claro: los partidos políticos deben postular al menos el 50 % de sus candidaturas para mujeres en las elecciones federales y locales. En el caso de Nuevo León, las próximas elecciones se llevarán a cabo en 2027, y estarán en juego cargos como la Gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales, así como senadurías. Recientemente, hemos escuchado a diversos grupos políticos proponer que esta paridad se amplíe aún más, planteando que, en aquellos cargos que no hayan sido ganados por mujeres en procesos anteriores, para las elecciones de 2027 se postulen exclusivamente candidatas. Sin embargo, más allá de lograr que se postulen mujeres a estos cargos, surge una reflexión necesaria: ¿realmente las mujeres que ocupan estos espacios lo hacen con plena libertad y autonomía?, ¿o en algunos casos solo se convierten en una imagen joven, atractiva o popular, fácilmente manipulable? Con el debido respeto a todas las mujeres —y sin referirme a nadie en particular—, considero que esta pregunta es fundamental. Si estas posiciones de poder gozaran verdaderamente de autonomía, existen muchas mujeres con capacidad, experiencia y una trayectoria sólida de trabajo que sin duda veríamos competir y destacar en las próximas elecciones. La paridad no debe ser solo una cuota numérica, sino una garantía de participación real, sustantiva y libre para las mujeres en la vida pública.