Ante la intención de Morena de impugnar los resultados electorales en Coahuila, José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León, señaló que el partido oficialista mantiene una postura contradictoria frente a las instituciones electorales.
El dirigente priista señaló que la democracia no puede funcionar bajo la lógica de aceptar las reglas únicamente cuando favorecen a una fuerza política, pues el respeto a la voluntad ciudadana debe ser una convicción permanente y no una postura circunstancial.
“Cuando ganan dicen que las instituciones funcionan; cuando pierden las ponen en duda. Esa actitud genera desconfianza y lastima la vida democrática del país”, expresó.
Garza Ochoa indicó que todos los partidos tienen derecho a recurrir a los mecanismos legales previstos por la ley; sin embargo, consideró que es incorrecto utilizar los resultados adversos como argumento para desacreditar a las autoridades electorales o sembrar dudas sobre la decisión de los ciudadanos.
En ese sentido, agregó que resulta contradictorio que Morena cuestione resultados electorales cuando no le favorecen, pero minimice los señalamientos e investigaciones sobre la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales que sí le beneficiaron, como ocurre en el caso de Sinaloa.
“No se puede poner en duda una elección porque no se obtuvo el resultado esperado y, al mismo tiempo, guardar silencio frente a los señalamientos sobre una presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales como los de Sinaloa”, señaló.
El líder estatal del PRI sostuvo que los mexicanos merecen instituciones fuertes y procesos electorales confiables, especialmente ante los retos que enfrenta el pais.
“Los ciudadanos son quienes tienen la última palabra. Ningún partido puede colocarse por encima de la voluntad popular ni asumir que solamente son legítimos los resultados que le favorecen”, agregó.
Finalmente, José Luis Garza Ochoa reiteró que el PRI continuará defendiendo el respeto al voto, la legalidad y las instituciones democráticas, al considerar que la confianza ciudadana es indispensable para la estabilidad política y democrática de México rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.