Ante la falta de entrega de recursos a organizaciones civiles, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, exhortó al gobernador del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a que de manera inmediata realice las aportaciones a fin de evitar la suspensión de programas que benefician a miles de personas en Nuevo León.
La propuesta, que fue presentada por la presidenta de la mesa directiva, Itzel Castillo Almanza, solicita asimismo se informe al Poder Legislativo el motivo por el cual cerca de 140 organizaciones no han recibido las aportaciones que les debe de asignar el gobierno del estado.
“Las organizaciones de la sociedad civil realizan diariamente una labor que, en muchos casos, el propio gobierno no alcanza a cubrir; son estas quienes sostienen refugios, centros de atención, comedores, programas de rehabilitación, apoyo psicológico, asistencia a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, llegando a donde muchas veces las instituciones públicas no llegan.
“Recientemente, la Secretaría de Igualdad e Inclusión notificó a diversas organizaciones de la sociedad civil un oficio mediante el cual se les requiere presentar documentación en un plazo de quince días hábiles, a pesar de que las propias organizaciones, ya había realizado la carga de la información en la plataforma digital habilitada para tal efecto”.
Este hecho, destacó Castillo Almanza, refleja una preocupante falta de coordinación administrativa y pone en evidencia posibles deficiencias en los mecanismos de control interno de la Secretaría de Igualdad.
De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones afectadas, señaló la también diputada del PAN, existe un adeudo superior a 317.5 millones de pesos correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
“Esto compromete su capacidad financiera y pone en riesgo la continuidad de programas y servicios dirigidos a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas en situación de pobreza y otros grupos prioritarios
“Lejos de reconocer esa labor, el Gobierno ha optado por retrasar injustificadamente la ministración de recursos, poniendo en riesgo la continuidad de programas que benefician diariamente a miles de personas”.
