Por Rodin
La Universidad Autónoma de Nuevo León no le pertenece al gobernador, a un partido político ni a un grupo en particular. Es patrimonio de los universitarios y de Nuevo León. Por eso, su autonomía debe respetarse siempre, pero todavía más cuando comienza a hablarse de la próxima sucesión en la Rectoría.
El segundo periodo de Santos Guzmán López concluye el 27 de octubre de 2027. Hasta el momento no se ha publicado la convocatoria ni existe una fecha oficial para designar a quien habrá de sucederlo. Falta más de un año, es cierto, pero alrededor de estas decisiones los movimientos suelen comenzar mucho antes.
La designación del rector corresponde a la Junta de Gobierno de la UANL. El gobernador Samuel García debe respetar ese proceso y mantenerse al margen. No le corresponde promover a ningún personaje, enviar señales a favor de un aspirante ni tratar de influir por medio del presupuesto o de los convenios que mantiene el Estado con la Universidad.
Esto no significa que el Gobierno deba alejarse de la UANL. Al contrario, tiene la responsabilidad de apoyarla, atender sus necesidades y trabajar junto con ella en beneficio de miles de estudiantes. Pero colaborar no significa intervenir, y mucho menos pretender decidir quién debe ocupar la Rectoría.
Tampoco hay que confundir autonomía con falta de transparencia. La Universidad recibe recursos públicos y, por lo tanto, debe explicar con claridad cómo los utiliza. Exigir cuentas es legítimo; utilizar el dinero como una forma de presión política sería algo completamente distinto.
Cuando llegue el momento, la Junta de Gobierno deberá publicar la convocatoria con suficiente anticipación, escuchar a la comunidad universitaria y valorar a cada aspirante por su trayectoria, capacidad académica y proyecto para la institución. La decisión debe tomarse dentro de la Universidad y pensando en su futuro, no en los intereses electorales de 2027.
Samuel García podría contribuir a dar tranquilidad si desde ahora expresara públicamente que no intervendrá en el proceso ni impulsará a candidato alguno. Sería una señal de respeto institucional y ayudaría a evitar rumores sobre supuestos acuerdos realizados fuera de la UANL.
No se trata de abrir una confrontación entre la Universidad y el Gobierno. Se trata, sencillamente, de que cada quien cumpla con la responsabilidad que le corresponde. El gobernador debe gobernar y la comunidad universitaria debe resolver sus asuntos internos conforme a sus propias normas.
Nuevo León necesita una Universidad fuerte, crítica y libre. Convertir la Rectoría en una posición política o en una extensión del Gobierno sería un grave error.
La autonomía universitaria no es un favor que concede el poder. Es un derecho conquistado y debe respetarse.