El Capitán de Corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado por las autoridades con los alias de “El Capitán Sol” y “El Fantasma”, quedó sujeto a prisión preventiva de oficio en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras se define su situación jurídica por una investigación relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos en aduanas marítimas.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuyó el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, acusación que contempla la prisión preventiva de oficio.
La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para determinar si existen elementos suficientes para llevarlo a proceso. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez concedió la petición y fijó para el próximo jueves a las 5:00 horas la audiencia en la que resolverá si dicta el auto de vinculación a proceso.
La diligencia comenzó a las 6:10 horas del domingo y terminó alrededor de las 17:27 horas. El procedimiento se realizó mediante videoconferencia y a puerta cerrada, por lo que no hubo acceso para medios de comunicación ni público. Uno de los representantes de la Fiscalía sí acudió físicamente al Centro de Justicia.
De acuerdo con la imputación, Solano Ruiz habría tenido un papel dentro de una estructura dedicada al denominado huachicol fiscal, presuntamente encargándose de entregar pagos ilegales a personal naval encargado de determinadas aduanas y de mantener comunicación con mandos superiores para facilitar las operaciones de los buques.
Entre los testimonios incorporados a la investigación figura el del Capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y actualmente testigo protegido de la FGR.
Según su declaración, Solano Ruiz le hacía llegar un millón 750 mil pesos por cada embarcación con combustible de procedencia irregular cuya descarga era autorizada en el recinto fiscal. El dinero, de acuerdo con ese testimonio, posteriormente era distribuido entre otros seis funcionarios.
Torres Joaquín habría reconocido que entre abril de 2024 y enero de 2025 permitió la descarga de 14 de los 31 buques relacionados con el esquema investigado. Los pagos, señaló, eran recibidos después de que las embarcaciones abandonaban los recintos, en periodos que iban de tres días a una semana.
Otro señalamiento corresponde al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien aseguró que durante el periodo en que estuvo al frente de la Aduana de Pantaco, en la Ciudad de México, recibía mensualmente 200 mil pesos de parte de “El Capitán Sol”, bajo el concepto de un supuesto “bono” por su desempeño.
El señalamiento quedó asentado en una carta fechada el 14 de junio de 2024 y dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de ese mismo año, cinco meses después de haber elaborado el documento.
La situación jurídica de Solano Ruiz será definida en la audiencia programada para el jueves, cuando el juez determine si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para vincularlo a proceso.
