Raúl Guajardo Cantú
Alcaldes parando u obstaculizando obras, el gobernador interviniendo directamente en las campañas y utilizando recursos públicos para promover a su esposa a la alcaldía de Monterrey, cierre de calles y ocupación de la Macroplaza para impedir la marcha de la Marea Rosa y así por el estilo, todo mundo metiendo mano en lo que debería ser un ejercicio netamente ciudadano.
En diferentes ocasiones hemos señalado en estas páginas que la participación ciudadana debe ser la que prive en los procesos electorales debido a que es el único camino que los ciudadanos tenemos para ejercer presión sobre las autoridades electas o no, sin embargo, parece que el principio de que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les es expresamente prohibido por la ley, en tanto que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, es letra muerta.
Por ejemplo, hemos señalado el problema de movilidad que aqueja al área metropolitana de Monterrey debido a su modelo de crecimiento y concentración poblacional, elogiando que el gobernador ha puesto manos a la obra con la construcción de tres líneas del Metro, pero de pronto nos encontramos que municipios como San Nicolás y ahora Guadalupe ponen trabas a las obras debido a criterios que parecieran más políticos que técnicos.
Pero por otro lado nos encontramos a un gobernador que de la manga se saca un concierto cuya preparación requiere de ocupar una parte de la Explanada de los Héroes donde se realizaría la concentración de la llamada Marea Rosa, además de cerrar calles del centro por la realización de una carrera sospechosamente tardía por su horario.
Pareciera que el objetivo era obstaculizar a los manifestantes, quienes iban en contra del gobierno federal, al parecer amigo y aliado del gobierno estatal.
Entendemos que los municipios son responsables de algunas áreas por lo que respecta a las obras públicas, sin embargo, consideramos que cuando se realiza una obra de carácter prioritario para los ciudadanos, deberían de dar todas las facilidades necesarias para su construcción. En lo demás deberían encontrar causes partidistas para conseguir sus espacios políticos.
También entendemos que el gobernador excede en sus funciones e irrumpe en temas electorales que le están vedados, sin importar lo que digan las leyes, todo avalado por las autoridades electorales estatales que dicen preservar su derecho de expresión y de reunión, un derecho que es para los ciudadanos, no para las autoridades.
Si continuamos con esta espiral en la cual todos hacen lo que les viene en ganas, sin pararse a pensar en lo que sea mejor para el ciudadano, como dice la canción ¿a dónde vamos a parar?
Como que ya va siendo tiempo de que las autoridades asuman que efectivamente la ley es la ley, que esta es el mecanismo que hemos encontrado como sociedad para que no se imponga la ley del más fuerte, sino que el proceso civilizatorio prevalezca.
Esperemos que las autoridades tengan la cordura suficiente para entender lo que les corresponde hacer y los ciudadanos para ejercer lo que es la única arma que tenemos para llamarlos a la cordura: nuestro voto el próximo 2 de junio.