El Tribunal Superior de España condenó a nueve dirigentes catalanes por haber intentado, de forma unilateral, la independencia de Cataluña en 2017, en una sentencia histórica a un mes de las elecciones generales.

Los siete jueces de la máxima corte española apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición, pero descartaron el delito, más grave, el de rebelión, que supone hasta 25 años de cárcel, tras considerar que, a pesar de que hubo “indiscutibles episodios de violencia”, no fue suficiente para la secesión. Según la sentencia, el Estado mantuvo en todo el momento el control y la independencia se convirtió “en una mera quimera”.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, en precampaña de cara a las elecciones del 10 de noviembre, descartó que fuera a conceder un indulto, anticipándose así al candidato de la derecha y rival en las urnas, Pablo Casado, que rechazó cualquier amnistía, o al candidato de la ultraderecha, Santiago Abascal, que consideró una “vergüenza” que no fuesen acusados de rebelión los condenados, en prisión preventiva desde hace dos años, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Tras conocer la histórica sentencia condenatoria, la Fiscalía española emitió una orden de captura contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

“VENGANZA”. Nada más conocerse la sentencia, decenas de miles de catalanes salieron a la calle para mostrar su ira por lo que consideran una “venganza” del Estado español contra el proceso secesionista.

El aeropuerto de Barcelona, el segundo más transitado de España, se convirtió en el epicentro de las protestas del movimiento secesionista contra la sentencia judicial, que movilizó a miles de personas, colapsando sus accesos y obligando a cancelar un centenar de vuelos.